La Policía anula una orden que ofrecía días libres por detener a inmigrantes en Irún

Así, se detallaba que a partir del 1 de julio, en función del número de arrestos durante el fin de semana, se ofrecerían diferentes días libres. Sin ningún arresto, recibirían dos jornadas de vacaciones; con un detenido, tres; con dos personas en adelante, cuatro días de compensación y a partir de diez detenidos se les darían cinco días.

El sindicato de la Policía Nacional Jupol denunció esta orden a través de sus redes sociales. Criticaban que «la prestación del servicio en la modalidad de incidencias está debidamente regulada» y que en ningún momento se puede condicionar a la cantidad de arrestos. «Parece que en Irún se está 'empujando' para aumentar el número de detenidos por extranjería desde la Jefatura de la Brigada», decían en Twitter.

Horas después de que la orden fuese aprobada y denunciada, la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco la anuló y advirtió a este periódico de que no iba a tener ningún efecto ni aplicación. Las citadas fuentes no indicaron los motivos por los que se había aprobado dicho documento ni las circunstancias en las que se había procedido a su anulación.

Desde el sindicato celebraron la decisión de la Jefatura Superior, pero advirtieron de que «si no lo hubiésemos denunciado esa orden hubiese seguido vigente». Fuentes de Jupol aseguran que la comisaría de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irún tiene «mucha presión por la inmigración», dado que se trata de una zona de tránsito a Europa. «Es una comisaría muy pequeña y es una de las que más detenciones por extranjería registra en el Estado», casi al nivel de Madrid o Valencia, explican. Una circunstancia a la que se suman «las devoluciones en caliente que se producen desde Francia, que son muchas». Una práctica que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por las asociaciones que trabajan con migrantes en la muga.

Todo esto está generando, denuncian desde la central policial, «mucho estrés y carga de trabajo» en la plantilla. Critican, asimismo, que la orden emitida por el jefe de brigada es una forma «de presión encubierta para obligarles a detener más». Respecto a la anulación de la orden que se produjo en apenas unas horas, recalcan que no es la primera vez que ocurre. «Con la cumbre de la OTAN -que se celebró en junio del año pasado en Madrid y que obligó a reforzar los controles policiales en la frontera- se emitió otra en la que se establecía que, de cada diez servicios extraordinarios, se pagaban cinco. Lo denunciamos y ese mismo día se anuló».

La frontera de Irún es un punto caliente de tránsito de migrantes, y tras la afluencia masiva de personas que han llegado a Gipuzkoa en los últimos años para cruzar a Francia, la presencia policial se ha reforzado. Los meses de verano son, además, los que más llegadas concentran. Según datos del Departamento vasco de Políticas Sociales, el año pasado 6.253 migrantes en tránsito fueron asistidos en este punto, un 20% menos que en 2021, cuando se superaron las 8.000 asistencias.