Piden 7 años de cárcel a los tres acusados de la paliza en el aparcamiento de un súper de Laredo

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el Ministerio Público considera que los tres acusados, que serán juzgados el próximo 12 de septiembre de este año en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, son autores de un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa con ensañamiento, aunque la defensa de todos ellos entiende que su actuación no encaja en ese delito. De hecho, cuando recurrieron el auto de prisión provisional, los detenidos reconocieron la existencia de la agresión, pero aclaraban que «no le golpearon en la cabeza y que las lesiones no supusieron un riesgo vital».

Para poner en contexto este caso hay que remontarse a ese 18 de junio de 2023, cuando se difundió un vídeo por redes sociales en el que se recogía la agresión por parte de tres miembros de una misma familia de etnia gitana a otro hombre, también gitano, en un aparcamiento de un supermercado en Laredo. El motivo, un ajuste de cuentas. Los numerosos golpes que estas personas propinaron a la víctima con barras metálicas fueron la consecuencia del supuesto acoso que este varón, de 63 años, venía sometiendo desde hacía tiempo a una hija del matrimonio, de tan sólo 14 años.

Tras el encarcelamiento de los tres agresores, su defensa denunció este supuesto acoso y el juez impuso al agredido una orden de alejamiento respecto a la menor. El instructor le tomó declaración, escuchó el testimonio de la menor, y en base a otras pruebas aportadas por los denunciantes, acordó poner al detenido en libertad con cargos, con las obligaciones de presentarse en un juzgado cada quince días y la de no acercarse a la menor de edad, de 14 años, a la que supuestamente ha estado acosando desde hace tiempo.

Tras este episodio, los detenidos recurrieron el auto de prisión, pero la Audiencia lo rechazó al entender que concurren «todos y cada uno de los requisitos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal» para la adopción de la prisión provisional: que los hechos puedan encajar en delitos cuya pena prevista sea de dos años de prisión o superior, que existan indicios que apunten a la responsabilidad criminal de los recurrentes; o que con esta medida se evite que puedan cometer hechos similares.

En este sentido, el tribunal concluyó que concurren los fines indicados por la juez instructora para evitar la reiteración delictiva y fundamentalmente de garantizar la integridad física de la víctima, «evitando que puedan actuar contra bienes jurídicos de la misma y garantizando con la medida adoptada que los investigados puedan eludir la acción de la Justicia, atendiendo el importante riesgo de fuga inherente a la gravedad de la pena que se le pudiera imponer». Y es que tanto la instructora como el Ministerio Fiscal consideraban, inicialmente, que los detenidos cometieron un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa, castigado con pena de 5 a 10 años menos un día de cárcel.

En cualquier caso, lo que ha puesto de manifiesto el informe médico forense del Instituto de Medicina Legal, según recoge la Sala en su auto, es que existió «riesgo vital» para la víctima durante la agresión, como consecuencia de la fractura del hueso frontal de la cabeza, «relacionada con el mecanismo y energía desarrollada en el traumatismo». Aunque bien es cierto que el herido no sufrió una hemorragia intracraneal y presentaba fracturas abiertas importantes en la mano derecha y la nariz.

En su recurso, los detenidos reconocían la existencia de la agresión, pero aclaraban que «no le golpearon en la cabeza y que las lesiones no supusieron un riesgo vital». Aunque la Sala descarta esta última afirmación a la vista del informe forense y teniendo en cuenta el testimonio de la víctima, que declaró que sus agresores utilizaron «barras metálicas», propinándole golpes en la cabeza, de los que se intentó proteger con las manos.