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El pasado verano, la Ertzaintza asumió un cambio de criterio tras consultar con la judicatura en el tratamiento de las armas blancas. Una instrucción del ... jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, advertía a los agentes de que no podían detener a quien exhibiera un objeto cortante, tipo navaja o cuchillo, sino que para ello se exigía un contacto físico, salvo en los casos de violencia de género. La orden generó un profundo malestar entre los sindicatos policiales, que creían que la normativa resulta «más garantista con los navajeros que con el ciudadano», aunque la medida perseguía garantizar la seguridad jurídica de los policías para que no incurrieran en detenciones ilegales.
Pues bien, el debate ha llegado este jueves al Parlamento vasco de la mano del PP. La parlamentaria Ainhoa Domaica defendió que la Cámara vasca inste al Gobierno central, quien tiene potestad, a plantear cambios legislativos. Domaica ha recordado que desde la pandemia se ha duplicado la incautación de armas blancas en Euskadi, pero ha dado un dato revelador facilitado por el propio Departamento de Seguridad: «el 80% de las sanciones que pone la Ertzaintza no se cobran«. »Aquí no paga nadie, por lo que el efecto persuasivo de la vía administrativa es cero», ha censurado.
En 2024 se impusieron un millar de denuncias por tenencia de armas blancas en el País Vasco, por un importe de 1.285.000 euros, de los que sólo se llegaron a cobrar 239.000 euros, lo que supone menos de un 20% del total, según los datos aportados en una respuesta parlamentaria por la consejería que dirige Bingen Zupiria. La cuantía máxima impuesta fue de 4.500 euros y la mínima, de 100. La media rondaba los 1.300 euros.
«Hay que escuchar a los ertzainas y tomar medidas para facilitarles herramientas, también jurídicas, para luchar contra la delincuencia. ¿O es que hay que esperar a que le metan un navajazo a alguien para detener?». El PP propone solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez «que se modifique la normativa para que los ertzainas puedan detener a quien porte navajas y las exhiba de manera intimidatoria, porque nadie lleva una si no piensa usarla».
La iniciativa ha sido rechazada, ya que los grupos, salvo Vox, han votado en contra. El PSE (Miren Gallastegui) y el PNV (Jon Andoni Atutxa) creen que es «papel mojado», ya que «no es el lugar adecuado para modificar el código penal, sino que para eso las Cortes Generales». Para Gorka Ortiz de Guinea, de EH-Bildu, se trata de un ejemplo más de la «estrategia» de la derecha «de difundir el discurso del miedo». «Aquí no vivimos en la jungla ni los delincuentes campan a sus anchas ante el abandono de nuestros policías», ha advertido el portavoz nacionalista. La representante de Vox, Amaia Martínez, que ha reprochado a la política popular que la iniciativa no sea más concreta, ha respondido al portavoz abertzale. «la cultura del miedo la conocemos muy bien en Euskadi y quien saca un 10 ahí es Bildu«, ha apostillado.
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