La madre que el pasado mes de julio asfixió a su hijo de cuatro años en un caserío de Azpeitia (Gipuzkoa) permanece internada en la Unidad de Psiquiatría Legal Aita Menni de Arrasate, un servicio de régimen cerrado que acoge a personas que padecen una ... enfermedad mental y se hallan inmersas en procedimientos penales. La progenitora se encuentra imputada por la comisión de un presunto delito de asesinato.
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El traslado de la madre fue acordado por el juzgado de Azpeitia que instruye el caso, después de que la encausada permaneciera varias semanas ingresada en el Hospital Donostia. El estado de salud mental en el que la mujer se hallaba en fechas posteriores a los hechos impidió que se le pudiera tomar declaración, toda vez que no estaba en condiciones de dar su consentimiento para que pudiesen llevarse a cabo las diligencias habituales en este tipo de casos. Esta situación se mantuvo hasta el mes de agosto, lo que obligó a paralizar hasta ese momento el proceso judicial que se había activado tras el fallecimiento del menor.
Sin embargo, en cuanto los profesionales sanitarios apreciaron una mejoría, la madre recibió la visita de la autoridad judicial así como la del médico forense del Instituto de Medicina Legal de Donostia y la de la fiscal asignada al caso.
A la vista del contenido de los informes médicos que se habían emitido, que ponían de manifiesto la existencia de indicios de que la paciente pudo haber cometido el delito en un estado de enajenación, la autoridad judicial decretó «prisión provisional comunicada y sin fianza» en la Unidad de Psiquiatría Legal. Este servicio, inaugurado en 2013, se encuentra dentro del complejo Aita Menni, en Arrasate. Se trata de una unidad única en el Estado español, al que las personas con trastornos psíquicos que han cometido delitos son derivadas y reciben un tratamiento adecuado a la patología que sufren. Se trata de un espacio cerrado del que los internos no pueden salir si no es con una orden judicial. En este sentido funciona como una prisión.
El lunes próximo se cumplen dos meses desde que sucedieron los hechos. El menor fue encontrado sin vida a media tarde del 23 de julio en el interior de un caserío situado junto al río Urola, en el barrio de Odria. Fue la abuela la que halló el cuerpo del pequeño en una bañera. La familiar sacó a la víctima del lugar y a continuación descubrió varias manchas de sangre en el suelo que le llevaron hasta otra dependencia situada en la planta superior de la casa, una especie de trastero, donde encontró a su hija y madre del niño. Esta presentaba varios cortes en muñecas y cuello, que se había causado ella misma.
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Al lugar se desplazaron efectivos de la comisaría de la Ertzaintza de Azkoitia así como dos ambulancias medicalizadas. El personal médico trató de reanimar al niño, pero las maniobras de resucitación no dieron resultado.
La madre también fue atendida en el mismo escenario y en cuanto se le contuvo la hemorragia fue trasladada al Hospital Universitario Donostia, donde permaneció varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente fue derivada al servicio de Psiquiatría del mismo centro.
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De acuerdo a las diligencias que se han podido practicar estos dos meses, la encausada habría actuado bajo un estado de afectación mental y emocional que le habría llevado a perder todo contacto con la realidad. Fuentes consultadas han confirmado las informaciones que se avanzaron a las pocas horas de conocerse los hechos, que indicaban que la progenitora se encontraba en tratamiento psiquiátrico y que se había incorporado días antes al trabajo tras un periodo de baja.
La mañana de los hechos, la madre acudió a casa de la abuela del menor a recoger al niño que esa noche, al igual que solía hacerlo en otras ocasiones, había dormido en el domicilio de la propia abuela. La madre transmitió en aquel momento que no se encontraba bien y que no iría a trabajar. Ante aquella manifestación, la abuela le animó a que acudiera a la consulta del médico, pero ella se negó.
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A primera hora de la tarde, la madre, su marido y el niño se dirigieron al caserío donde tuvo lugar el suceso. La familia ocupaba la parte norte de la vivienda, a la que había ido a residir hace dos años aproximadamente. La mayor parte de la tarde la progenitora la pasó a solas con su hijo, si bien tanto su marido como la abuela se interesaron en diferentes momentos por su estado de salud.
La alarma saltó tras la conversación que la madre del menor mantuvo con la abuela. Fue en torno a las seis de la tarde y a través el teléfono. La progenitora le dijo entre sollozos que le agradecía lo que había hecho tanto por ella como por el niño. Seguidamente, la conversación se interrumpió. Ante aquella situación, la abuela se dirigió a la casa y descubrió lo que había sucedido.
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El caso afronta una fase de instrucción en la que serán claves los informes que los forenses especializados en psiquiatría puedan elaborar. Corresponde a ellos determinar si la madre sabía lo que hacía y hacía lo que quería cuando puso final a la vida de su hijo.
En este sentido, fuentes cercanas al caso han indicado que la progenitora estaba «obsesionada» con la idea de que pudieran apartarle de su hijo. Existen sospechas de que en el marco del brote delirante que sufrió, llegó a pensar que el alejamiento causaría un dolor emocional en el niño. Por ello, para evitar que sufriera como consecuencia de la separación imaginada, inmersa en un cuadro de enajenación, habría tomado la dramática decisión.
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Se trata de un caso similar al de la abuela de Errenteria que en septiembre de 2015 estranguló a su nieta de 10 años. La mujer padecía un trastorno de ideas delirantes que limitaba sus capacidades intelectivas y volitivas y dentro de su enajenación, creía que la niña iba a sufrir diversos trastornos de conducta y mentales, por lo que decidió matarla.
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