Juzgan a un exertzaina por formar parte de la mayor red de pornografía infantil de España

El vizcaíno Fernando A. tiene, además, un largo historial vinculado a la pornografía infantil. En 1994 fue condenado por la Audiencia de Bizkaia a 39 años de cárcel por once delitos de corrupción de menores y uno de proposición para cometer corrupción. La Sala impuso también al acusado 78 años de inhabilitación absoluta y el pago de unos 6 millones de las antiguas pesetas (unos 36.000 euros) en multas e indemnizaciones. La sentencia consideró probado que el exagente pagaba a los muchachos entre 900 y 5.000 pesetas (entre 5 y 30 euros) para hacerles fotografías y filmarlos desnudos. El individuo captaba a sus víctimas en entornos marginales de Bilbao la Vieja. Se consideró probado que corrompió a al menos once chicos. Se ganaba su confianza y después, según el fallo, acababa teniendo relaciones sexuales con ellos. Se le intervinieron 2.615 fotografías y varios vídeos. Intento exculparse diciendo que los menores -muchos de ellos captados en los entornos de las salas de juegos- habían sido «manipulados y presionados» por la asociación Clara Campoamor.

Aquella condena implicaba que como máximo iba a permanecer doce años entre rejas. Durante años se le perdió la pista. Hasta que el pasado año se supo que la Fiscalía solicitaba para él 1.028 años de prisión por formar parte de esta supuesta red de pederastas, liderada por dos antiguos productores de porno gay franceses. En el caso de Fernando A. G. se le imputan 28 delitos de corrupción de menores por producción y distribución de material pornográfico con el uso de menores. También se le atribuye 1 delito de pertenencia a organización criminal. Según informó 'El Periódico de Cataluña', el vizcaíno apareció en varias grabaciones llevadas a cabo en Valencia, en una vivienda del barrio del Cabanyal, y también en Marruecos.

Varios de los implicados en esta red están siendo juzgados en la actualidad en la Audiencia de Tarragona, aunque los tres principales acusados están fugados. Esta supuesta red criminal, articulada en torno a la productora Aschom SL y que operó durante más de 15 años, se destapó gracias a una educadora y trabajadora de la dirección de atención a la infancia que empezó a escuchar testimonios de menores tutelados que hablaban de una misteriosa casa en las afueras de Tortosa. La educadora puso sus sospechas en manos de los Mossos d'Esquadra, que irrumpió allí en mayo de 2015 y encontró a tres individuos rodeados de miles de DVD y una decena de discos duros con millones de fotografías listas para comercializar. Una de las víctimas relató que los supuestos pederastas pagaban entre 10 y 20 euros a los chavales antes de abusar de ellos. Hay por lo menos 103 víctimas. Casi 600 individuos de 45 países distintos compraron estos vídeos y fotografías.