«No se ha hecho justicia por Izaskun»

Ocurrió de noche, entre las 22.00 y las 23.00 horas. La gasolinera estaba apartada del pueblo, en mitad de una carretera, y a esas horas ya había anochecido. Izaskun sufrió un atraco, a punta de escopeta. La trabajadora se negó a entregar el dinero, por lo que fue golpeada en la cara con la escopeta y cayó al suelo, donde permaneció obligada, con las manos atadas a la espalda. Él o los atracadores se apoderaron de 108.275 pesetas que hallaron en el interior de la caja y en los cajones que había en unas estanterías. Sin embargo, antes de marcharse, dispararon a Izaskun en la cabeza, que se encontraba indefensa en el suelo, y que falleció en el acto. Fue uno de sus hermanos el que, tras no volver a casa del trabajo, se acercó al lugar y la encontró sin vida.

En Legorreta no han olvidado el terrible crimen que se llevó la vida de una de sus vecinas hace 24 años. «Izaskun era muy buena persona y buena trabajadora. Fue algo terrible. Le mataron a bocajarro y ya ves, para llevarse unas pesetas. Fue una tragedia muy grande en el pueblo que nunca se va a olvidar», señala un vecino que conocía a la víctima y a su familia, algo que no sorprende en una localidad pequeña.

Lo que más duele a la familia y amigos de Izaskun es que el o los responsables de su muerte hayan quedado impunes y sigan en libertad. «Tenían que estar encerrados hace mucho tiempo, es muy duro para la familia. No se hizo justicia y no se hará nunca», afirma este vecino. La investigación del caso llevó a acusar del asesinato a tres personas, Pedro María R. G., que entonces tenía 19 años, Antonio A.G, de 22 años y vecino de Lazkao y Ana B. A., de 27. Según recogió el juez instructor del caso en el auto de apertura de juicio oral, la mujer habría sido la primera en entrar al establecimiento, seguida de los otros dos. Una vez dentro, pidieron a Izaskun que les entregara el dinero de la caja, mientras Antonio A.G. le apuntaba con una escopeta, con la que le disparó. El juez afirmó en su resolución que en el presente caso existen indicios racionales de que los acusados «pudieran resultar autores» de los hechos.

Sin embargo, la causa judicial estuvo llena de contradicciones. La primera, que el mismo juez que afirmó ver esos indicios de criminalidad concedió a los tres detenidos la libertad provisional, lo que indignó a la familia, que se presentó como acusación particular en la causa. Este hecho y los posteriores recursos interpuestos dilató muchísimo la causa, y el juicio no comenzó hasta el 17 de octubre del 2000, tres años después del asesinato. Un juicio en el que durante la selección del jurado popular se presentaron hasta once excusas para no formar parte del mismo. Finalmente, seis mujeres y tres hombres lo conformaron.

Otro de los principales escollos del juicio fue que los tres acusados se acogieron a su derecho a no declarar. Sobre los acusados recaían las imputaciones de asesinato, robo con intimidación y tenencia ilícita de armas, delitos por los que reclaman penas que suman en total setenta años de prisión. Esa estrategia de la defensa impedía que los acusados pudieran realizar declaraciones que les incriminaran en el caso, ya que durante la fase de instrucción llegaron a confesar el crimen.

Los dos hombres acusados llegaron a reconocer no sólo su participación en los hechos, sino también que fue Antonio A.G. el que disparó. Además, Pedro María, el presunto asesino de Murchante, exigió medidas de protección para evitar posibles represalias contra él y su familia y reclamó los beneficios que la ley concede a los arrepentidos. Por su lado, Ana B.A. afirmó que fue obligada por su exmarido, Antonio, a ir a la gasolinera.

Sin la declaración de los acusados, el devenir del juicio se fiaba a las pruebas recabadas por la Ertzaintza y a las declaraciones de los testigos de los hechos. Cabe recordar que en aquellos años no existían cámaras de seguridad en la gasolinera, que fueron instaladas después de que ocurriera el crimen. Los agentes no pudieron aportar pruebas que situasen a los acusados en el lugar, ya que las huellas que se hallaron no correspondían a ninguno de ellos. Los testigos tampoco aportaron pruebas sólidas que les incriminasen y el arma utilizada nunca se encontró.

Finalmente, el jurado popular, con 5 votos a favor y 4 en contra, declararon no culpables a los dos hombres, así como a la mujer por unanimidad. Según argumentó el jurado, la atribución de «no culpabilidad a cada uno de los imputados no quiere decir que los consideremos inocentes. Sin embargo, dadas las pruebas aportadas en el juicio oral hay razones suficientes para la existencia de dudas razonables a favor de los encausados». Y añadieron que «determinadas personas o colectivos realizaron una investigación incompetente».