Una estafa piramidal con bonos chinos se cobra un centenar de víctimas en Bizkaia y Gipuzkoa

Según ha informado el Ministerio del Interior, han sido identificados hasta 90 perjudicados, en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, como Soraluze, Eibar, Elgoibar, Ermua y Durango.

Los investigadores averiguaron que se trataba de un delito de estafa, cometido en la venta de Bonos de Deuda China de 1913 ('The Chinese Government Five per cent Reorganisation Gold Loan of 1913'), deuda que no está reconocida por el Gobierno de aquel país. Tras un minucioso estudio de las diferentes informaciones aportadas por la Agencia Tributaria, Vigilancia Aduanera, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC, de la Hacienda Foral de Gipuzkoa sobre facturación, así como por las víctimas, se logró descubrir el 'modus operandi' de este grupo criminal.

Así, la Policía averiguó que varias personas se dedicaban a captar compradores de los supuestos bonos entre su círculo cercano, aprovechando la relación de confianza, y bajo el desembolso de grandes cantidades de dinero. Los afectados nunca llegaron a ver los títulos, ni tampoco conocieron el nombre del supuesto gestor en EE.UU. Cuando solicitaban explicaciones «las excusas eran varias, con el fin de dilatar el engaño en el tiempo. Para dotar de mayor credibilidad a la estrategia, se solía firmar un contrato entre particulares e, incluso, se otorgó apoderamiento ante notario al principal responsable».

El grupo criminal estaría formado en España por el principal investigado y su exmujer, quienes vendieron bonos entre clientes pertenecientes a su entorno, gestionando directamente una cartera, o bien a través de los otros dos detenidos, que a su vez tenían su propio abanico de clientes, conformando una estructura piramidal.

El cabecilla compraba estos bonos a una persona residente en Miami (Estados Unidos), para lo cual se desplazaba periódicamente, realizando el envío de dinero mediante transferencias bancarias de dinero o remesas de cheques, desde sus cuentas o la de los otros investigados «apreciándose el flujo de gran cantidad de billetes de 500 euros en las transacciones».

Los autores obtenían así beneficio del sobreprecio que cobraban a sus clientes. Así, se ha verificado que el montante aportado por los inversores oscila entre los 3 a 4 millones de euros. Además, ofrecían a los perjudicados la posibilidad de abrir cuentas con el resultado de la inversión, del que aseguraban intereses elevadísimos a corto plazo en paraísos fiscales como Andorra, Luxemburgo e incluso Suiza. Esta actividad se desarrolló desde el año 2003 hasta el 2013.

Según ha indicado Interior, la operativa que llevaban a cabo los cuatro detenidos «no resultaba coherente con la actividad declarada por los titulares de las cuentas. Dotaban a sus operaciones de una opacidad, evitando el control fiscal, al eludir la declaración de esta actividad».

Los bonos, supuestamente, después de ser retirados en EE.UU, estarían depositados, parte en una caja de depósitos en Suiza, de la que se han servido de intermediarios, y otra parte, gestionados por una plataforma, en Hong Kong.