La trama que defraudó un millón a Lanbide burló los controles con 62 identidades falsas

Junto con él fueron detenidos otros 22 inmigrantes, la mayoría de ellos originarios de Latinoamérica, El Sahel -donde se ubican países como Senegal, Mali, Nigeria o Sudán- y el Magreb. O.N. utilizaba al resto de miembros de la organización para que se presentasen físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes y documentación falsificados para hacerse pasar por esas identidades ficticias y solicitar las ayudas sociales que en Euskadi se conceden a personas y familias en situación de necesidad. Él volaba a menudo a su país de origen. Los investigadores llegaron a contabilizar hasta una treintena de viajes, lo que indicaba su elevado nivel de vida, incompatible con el de una persona que cobra la RGI.

La Policía Nacional coloca a esta veintena de detenidos en un escalón delictivo por debajo del principal acusado, es decir «en un segundo plano», señala el escrito oficial. A O.N. se le acusa de tres delitos, pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. A alguno de sus cómplices, de colaboradores.

Para evitar que los empleados de Lanbide detectaran las irregularidades, la red llegaba a falsear también informes médicos de Osakidetza y certificados de realización de cursos de formación que se presentaban para justificar la ausencia del supuesto perceptor en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo. Tanto los pasaportes como los empadronamientos habían sido fabricados 'ad hoc' para cumplir uno de los requisitos de la RGI, llevar al menos tres años empadronado en algún municipio vasco. De esta forma, recibían el salario social desde el mismo momento en que lo solicitaban saltándose todas las normas.

El principal investigado «aleccionaba» al resto de los implicados para que presentaran solicitudes de ayuda en diferentes localidades vizcaínas como Durango, Iurreta, Santurtzi, Berriz, Basauri o Getxo. El grupo tenía divididas sus tareas. Mientras unos completaban los trámites para cobrar el salario social, otros se encargaban de alquilar viviendas y empadronar en ellas a las «personas inventadas» por la organización. En la mayoría de los casos, los dueños de los pisos o habitaciones arrendadas desconocían la actividad ilegal.

Por cada una de esas 62 identidades, la red cobraba una media de 857 euros mensuales, «625 euros por la ayuda destinada a la Renta de Garantía de Inserción (RGI) y 250 euros por la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), lo que ha supuesto un desfalco de 1.091.416 euros», señala la nota de prensa emitida por la Delegación del Gobierno.

La operación, desarrollada por agentes del Grupo I de UCRIF, de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, se desarrolló en tres fases. La primera de ellas arrancó a principios de este año con la detención de un ciudadano de origen camerunés. La segunda y más importante se produjo a finales del pasado mes de marzo, cuando fueron arrestados en Bilbao el principal implicado y nueve individuos más. Entonces, se completaron dos entradas y registros en domicilios, entre ellos en el del cabecilla, donde se incautaron 22 pasaportes falsos, 16 libretas bancarias, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide.

La última parte del operativo culminó el pasado jueves, 2 de junio, con el arresto de otros 13 implicados. Tras prestar declaración en la comisaría de la Policía Nacional en Gordoniz, los detenidos quedaron en libertad con cargos.

224En lo que va de 2022, la Ertzaintza, la Policía Nacional y policías locales han descubierto 224 fraudes o documentación falsificada en la RGI, según informa el Departamento de Empleo. En todo 2021, los casos detectados fueron 267.