Solo el 4,4% del gasto social en Euskadi se destina a exclusión y vivienda

Que estos dos conceptos representen los porcentajes más bajos tiene en parte su lógica. Es cierto que la población vasca en una situación de pobreza severa alcanza el 5,6%, y que la cifra se multiplica en el caso de quienes se encuentran en riesgo de estarlo. Pero no puede competir en presupuesto con la atención sanitaria ni con el capítulo de la vejez, en una sociedad con un imparable aumento de la esperanza de vida.

Así, de forma conjunta, exclusión y vivienda apenas suponen el 4,4% del gasto. El apoyo a hogares vulnerables recibió 852 millones (un 8,2% más que en 2022) y el derecho a un lugar en el que residir, 210 (un 12,7% más). Incluyen prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos, que entre los dos sumaron 574 millones, y ayudas al alquiler, así como otros programas públicos y privados.

En el lado opuesto, con casi la mitad del gasto, está la tercera edad, que consumió 10.796 millones y registró un aumento en las partidas del 10,5%. Aquí están las aportaciones a dependencia, servicios residenciales, asistencia domiciliaria y las pensiones de jubilación, las que mayor peso tienen y las que están detrás del importante aumento, ya que en 2023 protagonizaron una subida histórica del 8,5%.

La Cuenta de Protección Social elaborada por el Eustat también recoge que el gasto en prestaciones por habitante rozó en 2023 los 11.000 euros, un 7,3% más que en 2022. Se sitúa también por encima de la media de la UE (10.222) y de España (7.733), aunque lejos de países como Luxemburgo (27.290) y Dinamarca (17.634).

En lo que sí existen diferencias es dependiendo de la edad. Solo en la función vejez, por persona de 65 años o más se destinaron 20.583 euros, muy por encima del gasto en atención sanitaria (2.901). Esta, la asistencia a la enfermedad, es en cualquier caso otra de las patas del sistema de protección que más presupuesto recibe: 6.393 millones en 2023, el grueso (78,7%) correspondiente a atención y 1.366 millones a prestaciones por incapacidad temporal.

El análisis incluye también la invalidez (1.459 millones), los supervivientes (pensiones de viudedad y orfandad, con 2.236 millones), familia e hijos (aumentó hasta los 934 millones por las ayudas por menores a cargo y desempleo, con 1.201 millones.

El grueso de las aportaciones, un 61,3%, proceden del sistema de la Seguridad Social y la Administración del Estado. Las instituciones vascas, por su parte, sumaron otro 32,1%, 7.828 millones de euros. Las entidades privadas completaron el gasto con 1.608 millones.