ELA, LAB y Kontseilua abogan por la euskaldunización plena en el sector público de Euskadi en un plazo de 15 años

ELA, LAB y Euskalgintzaren Kontseilua han firmado un acuerdo para conseguir la euskaldunización plena en el sector público de Euskadi en un plazo de 15 años. Los sindicatos y la entidad que reúne a las principales organizaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera han consensuado una batería de medidas que han incorporado como aportaciones al decreto que ultima el Gobierno vasco y que pretende elevar la exigencia del conocimiento de la lengua vasca para trabajar en la Administración de la comunidad.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Bilbao, los máximos responsables de las tres organizaciones han señalado que en dicho periodo de tiempo «se garanticen unos conocimientos mínimos en todos los puestos de trabajo porque solo así se conseguirá que los vascoparlantes puedan acceder al servicio en euskera», de la misma manera que lo hacen quienes hablan en castellano. El nivel mínimo requerido será el B2, aunque el perfil lingüístico puede variar en función del puesto desempeñado. Asimismo, buscan que la relación en euskera con la ciudadanía se produzca antes, en un plazo de 5 años.

Según han argumentado, en los próximos años se jubilará la mitad de los empleados públicos y las nuevas generaciones finalizan la enseñanza obligatoria con un alto nivel de euskera. «Eso nos permite dar el salto. El cambio generacional es una oportunidad excepcional para euskaldunizar la Administración, mediante un proceso de transición que incluya a todo el personal», ha afirmado Paul Bilbao, secretario general de Euskalgintzaren Kontseilua.

La propuesta presentada por los tres agentes incluye medidas como la creación de circuitos y unidades en euskera, programas de formación sólida, liberaciones, más recursos para la formación, nuevas bolsas de trabajo y convocatorias, así como reducir la eventualidad. «Las condiciones laborales deben ser dignas. La temporalidad es un obstáculo para el euskera y para que los procesos de euskaldunización se lleven a cabo en la Administración», ha agregado.

Los firmantes de la propuesta han reiterado que «no es intención» que ningún empleado público pierda su puesto de trabajo por no acreditar el nivel de euskera exigido. «Se prevén esas situaciones, pero habrá que analizar sus puestos y dotarlos de recursos. Es una garantía de derechos, no es algo que se quiera construir en contra de nadie», ha zanjado Bilbao.