Shein y Francia entran en guerra: París legisla contra la ropa barata

Ropa baratísima, de escasa calidad, hecha en China y con presencia mundial gracias al comercio online. Así es Shein, marca muy popular entre la Generación Z y emblema de lo que se denomina 'fast fashion', moda de usar y tirar. Uno de los principales argumentos con el que se va a combatir a Shein es precisamente el ecológico. Según la iniciativa, firmas como el citado gigante chino y su gemela Temu no cumplen las mínimas medidas de calidad que sí se exigen a productores franceses o europeos, por lo que se ven beneficiados a la hora de poder reducir sus costes en sus fábricas de terceros países, fundamentalmente en China.

La propuesta defiende que se coloque en las etiquetas de las prendas algún tipo de indicación -similar, por ejemplo, al semáforo nutricional que acompaña a los alimentos- para que el cliente conozca los patrones medioambientales con los que se ha elaborado una chaqueta o un pantalón. Además, este enfoque ambientalista destaca que las fábricas textiles son grandes contaminantes, pero los envíos en avión para que este producto llegue al mercado suponen un daño grave al planeta.

Otro de los frentes abiertos es el que se refiere a la publicidad de este tipo de moda. Los detractores de este tipo de prendas defienden que son productos que deben tener una consideración especial cuando se anuncie en medios de comunicación o por medio de 'influencers', uno de los nichos en los que Shein se ha convertido en el contenido con más seguidores. Según esta visión, el consumo de prendas de precios mínimos mediante un simple clic en la red se está convirtiendo en una especie de adicción para los más jóvenes, similar a la que puede significar TikTok y plataforma similares, que están ya por ello bajo la lupa de diversos países. En Francia piden limitar la exposición de la publicidad que pueda realizar Shein, que ha llevado a cabo agresivas campañas en Europa.

Pero el tercer frente es el más sensible, puesto que afecta al bosillo del consumidor. En un primer momento, los impulsores de la norma defendieron que se aplicase una tasa de cinco euros por cada producto vendido por internet. Los diputados elevaron este impuesto a diez euros y una de las propuestas que debe debatirse es la que propone que se cobre un impuesto del 50% del precio de cada prenda. La intención es que el valor de los vestidos deje de ser el factor diferencial y tengan que enfrentarse en el mercado francés con precios similares a los que pueden imponer las empresas europeas.