El Seprona detecta 250 pozos ilegales en la operación contra el saqueo de agua en la Axarquía

Según ha podido saber este diario, los agentes del Seprona, que llevan meses trabajando en la zona, han detectado al menos 250 aprovechamientos clandestinos, en su mayoría pozos, aunque también alguna balsa, que están creando «un daño importante en las reservas» de los acuíferos de la Axarquía malagueña. Concretamente, se estima que el daño al dominio público hidráulico podría ascender a unos 10.000.000 euros.

La investigación se inició hace cuatro años, a raíz de los testimonios de ecologistas y también de agricultores de la zona de Benamargosa que alertaron a las autoridades del uso fraudulento del agua de riego en algunos cultivos de subtropicales, lo que además del riesgo de «colapso hídrico» suponía un perjuicio para los empresarios que sí cumplen con la normativa.

Las primeras pesquisas del Seprona confirmaron estos testimonios y se tradujeron en un amplio atestado. La Fiscalía de Medio Ambiente confeccionó un escrito de denuncia que, tal y como ayer adelantó este periódico, entregó en el juzgado veleño el pasado septiembre.

En esa denuncia original, el Ministerio Público identificaba a 114 personas, entre agricultores, empresarios y responsables de las comunidades de regantes, las cuales podrían haber tenido alguna participación en los hechos investigados, que constituirían un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325 del Código Penal) y otro de distracción de aguas (artículo 247 del Código Penal).

La nómina de investigados no ha dejado de crecer, ya que en el transcurso de la operación han ido aflorando nuevos sospechosos y posibles infracciones, de ahí que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya informado de que la lista de nombres que figuran en las diligencias supera ya las 180 personas.

De ellas, los agentes del Seprona han centrado sus pesquisas en 36 agricultores y regantes, de los cuales 26 ya han sido detenidos en la comandancia y, tras prestar declaración, han quedado en libertad, bajo la advertencia de que previsiblemente serán citados ante el tribunal. Fuentes cercanas al caso explicaron que por ahora se ha actuado contra los principales responsables del saqueo.

Para poner fin a esta situación, el juzgado que investiga la causa envió el pasado mes de marzo un requerimiento a tres comunidades de regantes de la Axarquía a las que exigía, «como corporaciones de derecho público», que ejerzan las «debidas competencias de vigilancia, denuncia y velar por el buen uso del agua que tienen expresa y legalmente atribuidas por ley».

En dicho requerimiento, el juzgado también recuerda a estas tres comunidades de regantes que deben dar cuenta de dicha actividad de supervisión a la administración económica competente para que pueda iniciar los correspondientes expedientes sancionadores. Es decir, para poner fin a la impunidad.

Paralelamente, el juzgado veleño envió otro requerimiento a cada uno de los agricultores señalados por la denuncia de la Fiscalía para que «se abstengan de extraer agua de pozos y sondeos ilegales, y de derivar agua ilegalmente procedente de la comunidades de regantes a parcelas no autorizadas». Y les advierte de que, si no hacen caso al requerimiento, incurren en un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal.

La cantidad de agua derivada ilegalmente por estas comunidades de regantes se estima que asciende aproximadamente a 2.481.712 metros cúbicos y económicamente podría suponer unos 3.000.000 euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años.

Según la información de la Junta de Andalucía, se calcula que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas.

Estas detracciones ilegales de agua se habrían producido encontrándose la masa de agua sobreexplotada, e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administración medioambiental autonómica en situación de sequía prolongada y de situación de excepcional sequía, y como consecuencia de ello se había establecido un período de restricciones de agua regulada.