El Seprona desmantela un criadero irregular de perros en una nave de Castro

No vive mucha gente por la zona. Pero unos pocos vecinos ya pensaban que allí pasaba «algo raro». Antes ese recinto era una granja de ovejas, pero desde que llegaron los nuevos inquilinos, hace unos 8 meses, el trasiego de coches «era constante». Incluso hay vecinos que afirman haber visto ventas de cachorros cerca de la iglesia de la pedanía.

Estas sospechas se confirmaron en la tarde del pasado martes cuando, en el marco de una investigación del juzgado de instrucción número 3 de Castro, llegaron a la zona numerosas patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, además de técnicos municipales y del juzgado. Los registros se extendieron a la vivienda en la que vivían los sospechosos, también en Castro, donde al parecer había asimismo perros de diversas razas.

Según ha podido saber EL CORREO de fuentes de la investigacíon, la comitiva se encontró con medio centenar de cachorros. Había caniches, teckels y chihuahuas, entre otras razas. Al parecer se encontraban en «pésimas condiciones higiénicas», con muy poco espacio para moverse y carecían de chip identificativo. También se sospecha que no estaban vacunados y algunos de los ejemplares tenían incluso heridas. A manera de ejemplo, el precio de un teckel en un centro autorizado puede oscilar entre los 800 y 2.500 euros.

Los registros se extendieron a la vivienda de los sospechosos. Allí había vecinos que se habían quejado porque los cachorros hacían «mucho ruido», pero pocos eran los que sospechaban que detrás de estos animales podría haber un criadero ilegal. Los perros fueron recogidos por una empresa contratada por el Consistorio para garantizar su bienestar.

A falta de que se concreten las acusaciones, los investigados se pueden enfrentar a un posible delito de maltrato animal, para el que se contemplan penas de prisión de 3 a 18 meses o multas de 6 a 12 meses. Además la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre del pasado año, castiga con sanciones de 50.001 a 200.000 euros a las personas que se lucran vendiendo cachorros sin ser criadores autorizados.

Una de las prioridades en este caso -como sucedió en Bilbao hace unos meses- es tratar de garantizar el bienestar de los animales y de encontrarles un hogar en el que puedan estar en buenas condiciones.