El Senado rechaza los vetos de PP y Vox a la ley de eutanasia

La ley en ciernes consagra la eutanasia y el suicidio asistido como una prestación de la cartera de servicios del sistema nacional de salud. El texto está concebido para quienes padezcan «una enfermedad grave, incurable e imposibilitante», la cual ha de ser certificada siempre por un facultativo. El PSOE se avino a negociar un cambio para evitar los hondos recelos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que teme que la ley les contemple como «vidas descartables». Para despejar reticencias, la nueva redacción habla de «situaciones imposibilitantes» en lugar de discapacitados.

María Esther Carmona, del PSOE, consideró que la ley es garantista y cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española. Carmona censuró el empeño de PP y Vox de presentar de presentar una ley integral cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia, cuando ambas cosas no son excluyentes. Su compañero de filas, José María Oleaga, adujo que la eutanasia es un nuevo derecho, y se mostró su convencimiento de que cuando el PP llegue al poder no derogará la ley, como no ha hecho con el aborto y el matrimonio homosexual.

Estos argumentos fueron rebatidos por el portavoz del PP, Antonio Román, quien alegó que la eutanasia es de «dudosa constitucionalidad» y habría que hacer una reforma de la Carta Magna para legalizarla. «Llama la atención la ausencia del la intervención del psiquiatra en todo este proceso», dijo Román. Para el parlamentario popular, la ley discurre por una «pendiente resbaladiza», pues enfermedades como la esclerosis múltiples, los trastornos depresivos graves, la esquizofrenia y la insuficiencia pulmonar avanzada son enfermedades crónicas y graves, susceptibles por tanto de inscribirse en «contexto eutanásicos».

Román desconfía de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja que 72,3 % de los españoles se muestra a favor de la eutanasia frente al 15 % que se posiciona en contra. El parlamentario del PP argumentó que los resultados de los sondeos sobre la cuestión dependen mucho del modo en que formule la pregunta.

PSOE y PP discreparon sobre la postura del Cermi. Mientras Oleaga dijo que la organización no se cree que la norma se preste a fines eugenésicos, Román sostuvo que la entidad sigue albergando dudas.

José Manuel Marín, de Vox, aseguró que la nueva legislación supone el mayor «recorte sanitario» de la historia reciente, constituye una «forma de ahorro» y convierte a España en el «paraíso de la muerte». También se refirió a los Países Bajos, donde la ejercicio de la eutanasia involuntaria ha concitado «desconfianza y un gran deterioro de la convivencia».

Para la representante del PNV, Nerea Ahedo, la ley no «generará un efecto llamada», y arguyó que aunque el texto no es perfecto, sí que es garantista.