Sánchez inicia una gira por Mauritania, Gambia y Senegal con miles de inmigrantes tratando de llegar por Ceuta y Canarias

Canarias está al límite. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del gobierno autonómico, explicaba la semana pasada a este periódico por qué con números contundentes: «Actualmente, tenemos 5.200 menores extranjeros no acompañados en 81 centros de acogida. Es un número que se ha reducido sensiblemente desde los 5.700 que llegamos a albergar entre marzo y abril, pero en cuatro días han llegado sesenta más. Y vuelve a crecer el número de llegadas. Solo en los primeros 18 días de agosto han arribado 17 embarcaciones con 1.189 personas a bordo, de las que 136 son menores».

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Hasta mediados de agosto, el número de migrantes irregulares llegados a las costas del archipiélago ha crecido un 126% anual. Ya son 22.304, una cifra que se acerca a los más de 31.000 registrados en todo 2006 durante lo que se conoció como la 'crisis de los cayucos'. Y las costuras de la infraestructura de acogida amenazan con reventar. «Tenemos gravísimos problemas para encontrar espacio y profesionales para atender a los migrantes», reconoce Candil en una conversación con este diario.

La situación en Ceuta, otro de los frentes de la migración irregular por mar y tierra, es similar. «Estamos desbordados. Los recursos ordinarios de la ciudad son de 88 plazas y estamos albergando en torno a 430 menores. O sea, cinco veces la capacidad de una ciudad de 18 kilómetros cuadrados con la mayor densidad de población de España», se lamenta Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación.

En todo 2023 llegaron a la ciudad autónoma 266 menas. En lo que llevamos de 2024 suman ya 635. Y siguen lanzándose al mar cada día, sobre todo en noches con niebla. «Hemos hecho un llamamiento de auxilio al presidente del Gobierno. Ahora no son conflictivos, pero eso puede cambiar en cualquier momento», explica Gaitán, que plantea una cuestión política relevante. «Tenemos que decidir si queremos que toda Ceuta sea una cárcel de inmigrantes. Como la justicia ya ha dejado claro que a Marruecos no se pueden devolver, si no lo queremos hay que sacar a los menores de alguna forma».

Sánchez recupara así su agenda oficial tras las semanas de vacaciones -hasta el viernes no mantuvo un encuentro con el presidente canario, Fernando Clavijo, pese a encontrarse en la comunidad-, y volverá a Mauritania siete meses después de acudir a Nuakchot junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Allí se abordó reforzar la cooperación con este país africano con el objetivo de frenar el incremento de inmigrantes irregulares que llegan en pateras.

El presidente del Gobierno anunció en su viaje de febrero que España movilizará más de 300 millones de euros para Mauritania en los próximos años para frenar el repunte de migración irregular, una cuestión, según explicó, afecta a los dos países. En concreto, Sánchez detalló que, de la cifra total, 200 millones reforzarían la inversión de empresas españolas en Mauritania; 60 millones irían para proyectos de desarrollo y otros 50 millones de euros en cooperación financiera.

En junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya realizó otro viaje institucional a Gambia y Senegal, donde confirmó que España destinaría 180 millones de euros a cooperación al desarrollo durante los próximos cuatro años con la mirada puesta principalmente en la juventud y el empleo.

Entre los asuntos que trató su homóloga senegalesa, Yassine Fall, así como con el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye -fue el primer contacto del Ejecutivo española con el nuevo Gobierno tras su elección en marzo pasado-, el ministro abogó por explorar cómo impulsar la migración circular, es decir, las contrataciones en origen y el posterior retorno a Senegal. En este sentido, hablaron de la posibilidad de incluir el sector de los conductores, ante la demanda de camioneros que existe en España.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española se reunió en Banjul con el presidente de Gambia, Adama Barrow, y fijaron como objetivo impulsar la migración circular con la contratación en origen de gambianos, además de seguir trabajando conjuntamente en la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también viajó a Senegal y firmó un memorando de entendimiento para aumentar la colaboración en materia de la Inspección de Trabajo con su homólogo senegalés Yankoba Diémé. Según informó el Ministerio en un comunicado, el departamento de Díaz ha reforzado el trabajo con otros países de África Occidental como Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau o Togo y próximamente con Mauritania.