«Los que no quieran vacunarse no deberían trabajar en contacto con personas de riesgo»

Sobre el papel, representan una minoría. En las residencias de Bizkaia y Álava rondan entre el 5 y el 6% del total, y en muchos casos son personas que no han podido ser inoculadas bien por haber pasado la enfermedad recientemente o bien por sufrir algún problema de salud incompatible con el remedio contra el virus. De hecho, el importante grado de aceptación social en torno a las vacunas ha postergado un debate que en otros países ya se ha desarrollado precisamente por todo lo contrario. Pero por pocos que sean aquí, su impacto como posibles portadores del virus empieza a generar preocupación entre las autoridades.

El máximo responsable de la Diputación Foral de Álava puso ayer voz a esa inquietud. Se trata del primer representante institucional vasco que pide abiertamente amparo legal para impedir que los no vacunados puedan trabajar en centros de mayores, lugares especialmente azotados por la pandemia y en los que la campaña de inmunización ha ido surtiendo un innegable efecto. «Creo que tendría que ser posible legalmente no dejar que esa persona pueda contagiar, ya que es un factor de riesgo y nuestra obligación es proteger a las personas con patologías graves», agregó el gobernante del PNV en una rueda de prensa.

El planteamiento de González pilló por sorpresa al resto de las instituciones vascas. Consultadas por este periódico, fuentes de la Diputación vizcaína eludieron entrar en el debate. Tampoco quiso ofrecer posición alguna el Gobierno vasco, que en todo caso desestima haber recibido ningún tipo de petición del ente foral alavés a este respecto. Es por eso que Lakua tampoco ha trasladado a su vez ninguna solicitud de cambios legales al Ejecutivo central, en cuyas manos estaría la opción de desplegar un paraguas normativo para este cometido.

Y es que, además de ético, también se trata de un importante debate legal. Las normas en vigor impiden obligar a nadie a ser vacunado. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha sentado jurisprudencia. Lo hizo hace sólo dos semanas, cuando acordó mantener suspendido el precepto de la Ley de Salud de Galicia que incluso establecía sanciones a quienes no se inocularan frente a enfermedades infecciosas transmisibles. Considera la corte de garantías que supondría una «intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano».

El Gobierno de Pedro Sánchez, máxime con ese antecedente sobre la mesa y consciente de la controversia social que pudiera suscitar, no parece estar dispuesto a abordar estos planteamientos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo descartó por última vez este mismo lunes. Se amparó en un genérico «la gente acude masivamente a vacunarse», aunque no hizo hincapié específicamente en los profesionales que atienden a personas de riesgo. En la retina todavía permanecen las imágenes de los disturbios callejeros desatados en Francia después de que el Gobierno de Emmanuel Macron haya obligado por ley a los sanitarios a vacunarse.

En cualquier caso, el debate se instala en Euskadi a sólo un mes de un arranque de septiembre en el que, salvo repunte de la pandemia, se prevé un fuerte regreso a la presencialidad en el ámbito laboral. Algunas empresas extranjeras como las tecnológicas Google y Facebook ya han exigido a sus empleados que se vacunen para acudir a la oficina a la vuelta de las vacaciones. También gobiernos autonómicos como los de Cantabria y Canarias han asegurado estar estudiando las posibilidades para llegar al 100% de inmunizados entre sanitarios, profesores o funcionarios, aunque asumen los escollos legales existentes.