Las ayudas por el cierre agrandan la brecha entre Urkullu y los hosteleros vascos

La polémica se desató tras la intervención del líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que, tras denunciar el «escaso» apoyo del Ejecutivo autónomo a los dueños de bares y restaurantes de Euskadi, en comparación con las partidas dedicadas por otras comunidades, urgió para el gremio «un plan como el que la señora Merkel está dando en Alemania». «Usted sabe -explicó Iturgaiz, dirigiéndose al lehendakari- que allí están ofreciendo a los hosteleros el 75% de lo facturado en noviembre del año pasado». El portavoz popular instó a Urkullu a reaccionar con urgencia para garantizar «este mes y los siguientes» la continuidad de un sector que emplea a más de 66.000 personas y que necesita «cero impuestos» tras el cerrojazo decretado el pasado sábado.

Tras reiterar que trató de retrasar «todo lo posible» la decisión por sus evidentes consecuencias económicas, pese a que contaba con la recomendación de los expertos ante el «grave y preocupante» aumento del número de contagios, el lehendakari aplaudió las distintas medidas de rescate lanzadas al comercio y a la hostelería desde finales de marzo. Recordó las líneas de crédito de Elkargi, el complemento de Lanbide a los ERTE y el paquete de ayudas aprobado esta misma semana por valor de 30 millones de euros, que se suman a otros 40 consignados con anterioridad.

Pero, en un giro que soliviantó a la oposición y a los hosteleros, Urkullu fue más allá al abrir un debate al plantear a los empresarios si deseaban partidas como las comprometidas esta semana por los Departamentos de Economía, Hacienda y Turismo o mirarse en el espejo germánico. «La pregunta queda en el aire: '¿Estaríamos dispuestos a asumir el modelo alemán de ayuda al 75% de lo facturado? ¿De lo facturado?'», repitió. «¿Estaríamos dispuestos?», insistió tras zanjar a continuación que «frente al modelo alemán», él se decanta por el «modelo vasco», sin concretar la especificidad de este último.

El anuncio encontró pronto respuesta desde la bancada de la oposición. «¿Está acusando a los hosteleros de no pagar los impuestos? Es muy grave lo que está diciendo», lamentó Iturgaiz. El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, acusó al lehendakari de ir a remolque de la «presión social», al tiempo que reclamó una «ayuda jurídica sólida» para el gremio.

Fuera, en las inmediaciones de la Cámara vasca, los hosteleros agrupados en 'Taberneros de Euskal Herria' exigieron al lehendakari que proteja al sector «como al resto de empresas» porque el cierre «supera nuestra capacidad de supervivencia. Si las restricciones se prolongan, necesitaremos un verdadero plan de resistencia a largo plazo. Hable con nosotros, señor Urkullu», solicitaron.

Desde Bilbao, Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB), que participó en una protesta convocada frente al edificio consistorial de la capital vizcaína, restó importancia a las insinuaciones del lehendakari. Pese a considerarlas «excesivas» -«no sé si realmente ha querido decir eso o no», matizó-, le recordó que, «si alguien quiere acusar de algo a alguien en el Estado de Derecho, debe probarlo. Evidentemente, a nadie le gusta que le acusen de algo si no existen pruebas para ello. Si realmente lo que se está intentando decir es que la hostelería es un ámbito de fraude fiscal, si realmente trata decir esto, nosotros desde luego negamos semejante afirmación porque no estamos en absoluto de acuerdo con ella».

Héctor Sánchez, que volvió a considerar este viernes «insuficientes» la ayudas establecidas por el Gobierno vasco, recogió el guante del lehendakari al aceptar el ofrecimiento de cobrar «en función de lo facturado» en noviembre del año pasado. «Si la solución fuese darnos el 75 % de lo facturado, no habría ningún problema, porque ese porcentaje estaría muy por encima de lo que nosotros hemos pedido». Un día antes del cierre de la hostelería y restauración de toda Euskadi para contener la propagación del virus, las tres organizaciones territoriales del sector exigieron en Vitoria partidas por valor de 187 millones de euros para evitar la desaparición de 16.000 puestos de trabajo, una cuarta parte del empleo.