El Gobierno vasco planteará este jueves al Labi, el órgano de coordinación interistitucional para el seguimiento de la pandemia, la posibilidad de aplicar nuevas restricciones a los municipios de más de 5.000 habitantes que registran los índices de contagio más altos. Son, ... según el último recuento, 25 localidades -5 vizcaínas y 20 guipuzcoanas- a las que el Ejecutivo quiere imponer medidas más duras de forma «quirúrgica». Clausura de calles, barrios e, incluso, cierre perimetral del pueblo. Lakua ya lo puso a prueba en verano, cuando confinó, por ejemplo, edificios de viviendas y pequeñas zonas de Hernani y Ordizia al detectarse focos infecciosos.
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Abadiño 753,74
Durango 723,60
Ermua 723,24
Elorrio 564,44
Lekeitio 524,43
BIZKAIA 338,54
Beasain 1410,27
Ordizia 1394,18
Urnieta 1357,03
Azpeitia 1321,82
Zumaia 1068,70
Azkoitia 1059,30
Astigarraga 873,79
Tolosa 809,55
Elgoibar 742,34
Lezo 737,46
Zumarraga 624,55
Hernani 619,60
Oñati 590,05
Deba 587,70
Urretxu 573,36
Eibar 568,89
Pasaia 556,52
Andoain 555,37
Legazpi 545,67
Lazkao 504,60
GIPUZKOA 576,97
La idea la anunció ayer el lehendakari durante una videoconferencia del Fórum Nueva Economía en la que se mostró «muy preocupado» por el avance de la Covid en Euskadi y llamó a la «concienciación individual permanente». «Nuestra forma de vida no puede ser la misma que antes de la pandemia y el contacto social está siendo indiscriminado», lamentó antes de advertir que, si la población «baja la guardia», las instituciones deberán adoptar «medidas mucho más severas».
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El empeoramiento de la situación está llevando al Gobierno a cambiar su propia hoja de ruta sobre la marcha. El Labi, cuya reunión ha sido adelantada por el lehendakari 24 horas, decidirá el jueves por la tarde una nueva batería de medidas a pesar de que aún no han entrado en vigor las anunciadas el pasado sábado. Previsiblemente podrían activarse el viernes mismo, ya que durante las próximas horas se espera también que el plan inicial del Gabinete Urkullu reciba el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al que el lehendakari consultó antes de nada por «prudencia garantista». Generaba dudas legales especialmente la idea de reducir de 10 a 6 el número de personas que pueden reunirse.
La otra gran cita que se celebra hoy es la interterritorial de Salud, que va a reunir al ministro de Sanidad con sus homólogos autonómicos para analizar la posible implantación de nuevas medidas a nivel nacional después de la oleada de cierres fronterizos que se vienen registrando durante los últimos días. Solo ayer: La Comunidad de La Rioja y las ciudades de Zaragoza, Teruel y Huesca por la «desorbitada» propagación de la Covid-19.
Aunque Madrid parece ahora haber aparcado la idea que puso sobre la mesa hace 48 horas, Salvador Illa también planteará a los consejeros la posibilidad de instaurar toques de queda, para lo que, en principio, el protocolo legal requeriría que se activara un nuevo estado de alarma.
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Consultado al respecto, el lehendakari abrió este miércoles la puerta a aplicar toques de queda en el País Vasco «si antes se agotan el resto de posibilidades», y reconoció que él mismo había sugerido esta medida al Gobierno central en agosto, cuando arrancó la segunda ola de contagios, otros países del entorno ya empezaban a barajar la posibilidad y el Ejecutivo autonómico decidió reactivar la alerta sanitaria. Pese a ser consciente de que limitar la movilidad a ciertas horas supondría recortar un derecho fundamental, Urkullu aseguró que es asunto que «merece considerar». Eso sí, como último recurso.
Lo que no ve con tan buenos ojos el líder del Ejecutivo vasco sería la reactivación del estado de alarma. De hecho, Urkullu defendió durante su videoconferencia que existe «legislación ordinaria» a través de la que se pueden aplicar las mismas medidas, incluso para restringir la movilidad. La explicación es que el lehendakari no guarda buen recuerdo de los meses del confinamiento, en los que se mostró muy crítico con el mando único de Pedro Sánchez. Ayer reivindicó que, si no queda más remedio, el estado de alarma active una «cogobernanza colaborativa» en la que puedan decidir los gobiernos autonómicos porque «las medidas no pueden ser homogéneas si cada territorio tiene unas características, un modelo sanitario y una tasa de contagios»
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