Tumban los recursos de los sindicatos contra la adjudicación de las ambulancias a La Pau

De hecho fuentes del sector consultadas por este diario sostienen que, tras este fallo del OARC, es muy posible que la compañía con sede en Badalona se replantee su salida de Euskadi y apueste por mantener su actividad en la región.

La decisión de la OARC es opuesta a la que tomó este mismo organismo el pasado junio. Entonces estimó parcialmente la petición de UGT, que pedía anular la millonaria adjudicación de este contrato por una serie de faltas «muy graves» indicadas por Inspección de Trabajo, que básicamente consistían en retrasos en el pago de las nóminas a los empleados. Tras aquel dictamen Salud volvió a adjudicar en julio a la misma compañía el servicio de ambulancias no urgentes por 135 millones por tres años en Bizkaia y Álava -en Gipuzkoa lo presta otra empresa- al dar por bueno el plan de tesorería presentado por La Pau para solucionar sus problemas de liquidez y garantizar el pago de las nóminas de la plantilla.

Precisamente en julio la empresa dejó de abonar a sus trabajadores el 75% de la paga extra de verano, motivo por el que UGT y USO presentaron un segundo recurso al OARC pidiendo que se anulase la nueva adjudicación, aunque en este caso el fallo del organismo ha sido otro y ha dado la razón a la compañía. El organismo considera que la empresa cuenta con fiabilidad para ejecutar el contrato y que ha dado respuesta a algunas de las faltas señaladas por la Inspección de Trabajo, mientras que otras están recurridas. La Pau asegura además en sus alegaciones que tiene un plan para hacer frente al impago de la paga extra de verano antes de fin de año y que, además, ha sido acordado con las centrales, algo que niega USO.

La resolución también recoge otro hecho relevante, como son los argumentos esgrimidos por el Departamento de Salud en esta disputa. En ellos la consejería saca la cara a La Pau. Salud se opone al recurso presentado por los sindicatos y sostiene en sus alegatos que «los numerosos requerimientos y actas de infracción» a los que se refieren las centrales «son reflejo de la alta conflictividad laboral de los últimos años en el sector». Es más, sobre las deficiencias en el servicio de ambulancias, Salud alega que « los servicios son prestados por los propios trabajadores, siendo estos los que tienen la responsabilidad de cumplir correctamente con sus obligaciones laborales, para que ninguna ambulancia se quede fuera de servicio» en situaciones en las que los trabajadores avisan de una baja médica a la empresa en el último momento, sin darle tiempo a poder sustituir a este profesional.

La Pau sostiene que los retrasos en el transporte sanitario no urgente son fruto del alto absentismo laboral que sufre la compañía en Euskadi, con una media del 35% y que en ocasiones ha llegado al 50%. Demoras que han afectado a miles de personas. Solo en Bizkaia casi 5.000 usuarios con dificultades de movilidad tuvieron que esperar más de tres horas tras recibir el alta para regresar en ambulancia a casa desde el hospital entre marzo y agosto de este año.

Lo que no ha admitido el OARC es la petición de La Pau de imponer una multa de 1,5 millones de euros a las centrales por el dinero que ha dejado de recibir la compañía del Gobierno vasco mientras la adjudicación ha permanecido en suspenso y prorrogado el contrato anterior. Desde USO valoran además denunciar a la empresa por «persecución sindical» al sostener La Pau que varios miembros del sindicato están imputados por sabotajes a ambulancias de la compañía.