Los jueces obligan a Urkullu a pedir el estado de alarma para limitar la movilidad

Según los magistrados, una cuestión de ese carácter, al igual que los confinamientos, supone en la práctica la suspensión temporal del derecho fundamental de reunión y no puede aplicarse de forma indiscriminada a toda la sociedad, sino que debe acotarse a «enfermos» y «personas que han estado en contacto con los mismos».

De esta manera, la Sala, presidida por Luis Ángel Garrido, rechazaba el criterio de la Fiscalía -que se había mostrado partidaria de aprobar esa restricción- y hacía suyo el argumento empleado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que el pasado 10 de octubre, en una causa similar, aseguró que sólo se podría aplicar una medida de este tipo a «personas concretas y determinadas, que presentan una clara relación con el agente causante de la intervención administrativa».

El Gobierno vasco no tiene suficiente base legal, por lo tanto, para impedir que más de seis personas se reúnan tanto en un espacio público como privado. Puede recomendarlo -como finalmente hizo- pero no prohibirlo. Ni el actual estado de emergencia sanitaria que declaró el lehendakari a medidas de agosto ni las diferentes leyes de materia sanitaria vigentes a nivel nacional ofrecen suficiente 'paraguas legal' para aprobar una medida de ese calado.

Los jueces, de hecho, marcan en su resolución al Gabinete Urkullu el camino a seguir para poder activar una restricción de ese calibre. Aseguran que sería necesario contar con una «ley que las contemple y posibilite» o recurrir a los «mecanismos constitucionalmente previstos para dar base jurídica a estas restricciones». Es decir, el lehendakari deberá solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma en Euskadi para entonces sí, aprobar las medidas que estime necesarias para parar la pandemia.

La presidenta interina del TSJPV, Garbiñe Biurrun, apuntaló este jueves esa postura y afirmó que una nueva orden de estado de alarma daría la «cobertura legal que requieren» ese tipo de restricciones que afectarían a derechos fundamentales.

Pese al revés judicial y a quedarse por el momento sin margen para adoptar medidas más contundentes contra la pandemia, el Gobierno vasco se muestra a día de hoy reacio a dar ese paso. De hecho, Euskadi fue este jueves una de las comunidades que mostró más dudas durante el Consejo Interterritorial de Salud sobre la posibilidad de que el Gobierno central implante un toque de queda general en todo el país. Y es que esa opción implicaría, con casi toda seguridad, la necesidad de decretar un nuevo estado de alarma.