La suspensión de la transferencia para homologar títulos extranjeros deja en un limbo a 200 sanitarios

A la espera de que el Supremo resuelva sobre el fondo del asunto, hay dos centenares de profesionales no comunitarios que se encuentran atrapados. No saben si esperar a conocer el fallo del tribunal o comenzar de nuevo el proceso de homologación ante la Administración central. Para ellos sería como empezar de nuevo. La mayoría ya habían iniciado este camino tiempo atrás y renunciaron a él para hacerlo en Euskadi, con la esperanza de que los plazos del Gobierno vasco fuesen más ágiles. Algo que, por el momento y a la espera de que resuelva la Justicia, no va a ser posible.

Esta situación se da además en un contexto de falta facultativos. La transferencia de las homologaciones era una de las herramientas por las que había apostado el Gobierno vasco para paliar la falta de médicos en Osakidetza, pero también para poder a incorporar a otros profesionales como enfermeras. Por el momento no va a poder ponerla en práctica. Este lunes Dayana Arellano ha puesto voz en el Parlamento vasco a la situación que afecta a estos cerca de 200 sanitarios nacidos fuera de Europa. Ella es la delegada en Bizkaia de la asociación Homologación Justa Ya. Ha explicado que el «limbo» en el que se encuentran está generando situaciones de estrés y ansiedad a los afectados. «Están peor que antes de iniciar este proceso en el País Vasco», ha afirmado. Todos ellos se encuentran empadronados y tienen su residencia en Euskadi, requisito para poder iniciar el proceso de homologación a través del Gobierno vasco.

Arellano ha atribuido la decisión de las organizaciones profesionales de recurrir la transferencia de las homologaciones a que «existe mucho racismo, xenofobia y exclusión en los colegios profesionales de psicología, medicina, enfermería y veterinaria».

El Consejo General de Colegios de Médicos es una de las entidades que recurrió vía judicial esta transferencia del Gobierno central al vasco. Lo hizo al considerar que, en el caso concreto del grado de medicina, la competencia para acreditar estos títulos «podría poner en riesgo el principio de equidad y no discriminación, propiciando territorios de acceso «duro» y otros de acceso «blando al reconocimiento de las titulaciones médicas universitarias en el marco extracomunitario». Los tres colegios de médicos vascos, por su parte, no apoyaron interponer ese recurso. Consideraban que no tenía recorrido legal y que esta transferencia estaba amparada por la ley. Euskadi ya puede homologar desde el siglo pasado diferentes títulos de enseñanza obtenidos en el extranjero (ESO, Bachiller, FP).

Arellano indicó que esta transferencia despertó el interés de numerosos sanitarios extracomunitarios que trabajan en diferentes puntos de España. Podía suponer un efecto llamada para estos profesionales, que buscaban en el País Vasco un proceso más ágil para homologar su titulación que el del Ministerio de Universidades. Tras la paralización cautelar este interés ha menguado. La Unión Europea dice que no deben prolongarse más allá de 6 meses, algo que la Administración central no cumple. Varios años necesitan los interesados.

Los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco trasladaron su solidaridad a estos afectados. «Esta paralización está teniendo efectos negativos sobre las personas que se han quedado en un limbo. Muchos son profesionales sanitarios, que tan necesarios son», ha indicado Ekain Rico, del PSE. Jon Aiartza, del PNV, ha indicado que los letrados del Gobierno vasco están personados en esta causa para defender que se levante la suspensión cautelar sobre esta transferencia. Ayen Oskoz, de EH Bildu, ha indicado que «no puede ser que una homologación de un título universitario tarde entre 3 y 5 años. Un plazo razonable son 6 meses». «Defendemos esa transferencia a Euskadi y no compartimos la postura de los colegios profesionales de judicializar el caso», ha señalado.