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melchor sáiz-pardo
Viernes, 22 de enero 2021, 02:40
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, mostró ayer su rechazo a la orden del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para no inyectar la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a aquellos que hayan ... recibido la primera incumpliendo los protocolos establecidos. Es el caso de José Luis Sabas y Eduardo Maiz, entre otras muchas personas que se han vacunado de forma irregular.
«Tendrán que asumir la responsabilidad que tengan que asumir, pero como epidemiólogo considero que sería un error cometer dos fallos seguidos», defendió Simón en su habitual rueda de prensa de los jueves para informar de la evolución de la pandemia. El primer error sería vacunarse antes de tiempo en perjuicio de otras personas que lo necesiten más, y el segundo, «no ponerse la segunda dosis». «Es mi opinión. De acuerdo con la documentación técnica, se debería de seguir la pauta establecida», remachó el epidemiólogo. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna son bidosis, por lo que quien no reciba la segunda no estará, en teoría, totalmente protegido contra el virus y se habrá desperdiciado la primera.
No obstante, Fernando Simón añadió que los infractores «no tienen por qué ser los primeros» en revacunarse. «No tienen por qué, además de haberlo hecho mal, desfavorecer que otros reciban su segunda dosis», insistió. A este respecto, recordó que el plazo de separación entre ambas inyecciones va desde los 21 hasta los 42 días.
Simón marcó así su posición ante la polémica suscitada por la cascada de confesiones y revelaciones sobre políticos, colaboradores, familiares o responsables hospitalarios que se han vacunado saltándose los protocolos fijados por el Ministerio de Sanidad. Esta avalancha ha sido particularmente intensa en la Comunidad Valenciana, donde se han dado casos de vacunaciones 'anticipadas' como los de los alcaldes de El Verger y Els Poblets (Alicante) o Rafelbunyol (Valencia), los tres del PSPV, o el de La Nucía (Alicante), del PP y también diputado provincial.
En Murcia todavía sigue la controversia después de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, del PP, fuera forzado a dimitir por el presidente de la comunidad tras su negativa inicial. En esa misma región, la alcaldesa de Molina de Segura, la socialista Esther Clavero, fue suspendida ayer de militancia cautelarmente por su partido tras conocerse que también se inmunizó. Clavero, que se niega a abandonar la alcaldía, sostiene que no cometió ninguna ilegalidad porque fue citada por los servicios sanitarios para vacunarla al ser, según ella, personal de riesgo por recibir tratamiento oncológico.
Tampoco dimitió, al menos por el momento, el consejero de Sanidad y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero. El popular reconoció haberse vacunado, junto a otros nueve altos cargos y trabajadores del área que dirige. «Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía, ellos tampoco», aseveró Guerrero.
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