«Mi obligación como presidente es ofrecer un diagnóstico de la realidad sin adornos y con crudeza. La situación es grave y debemos actuar con determinación y disciplina social. Hay que reducir la movilidad y los contactos sociales. No queda otra alternativa». El presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado hoy la solemnidad de las declaraciones institucionales que protagonizó en las peores semanas del primer estado de alarma, allá por marzo y abril, para advertir a los españoles de que la batalla al virus está muy lejos de ganarse y recordar que las comunidades autónomas tienen a su disposición la posibilidad de pedir el estado de alarma para poder tener una garantía jurídica extrema a la hora de poder adoptar medidas con las que combatir el virus. Él, de momento, no dará el paso de decretarlo.
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«Las próximas semanas y meses serán duros, muy duros. Queremos y debemos evitar a toda costa un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos. Vendrán tiempos mejores. Seguro. Debemos tener moral de victoria y espíritu de equipo. Pudimos hacerlo en la primera ola y volveremos a hacerlo», ha recalcado. En este sentido, ha señalado que si «un territorio llega al nivel extremo, se tomarán medidas excepcionales». Y entre ellas, ha destacado la figura «constitucional» del estado de alarma, que siempre se adoptaría de común acuerdo con la comunidad afectada.
Hay una enorme confusión legal respecto a las medidas que pueden o no adoptarse con el marco legal vigente. En Euskadi, por ejemplo, se ha autorizado la limitación de las reuniones a seis personas cuando en otras autonomías sí es factible. Otro de los grandes debates se refiere a los toques de queda nocturnos, que también provocan grandes dudas y para los que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deberían contar con el plácet de un estado de alarma. Para ello, ha pedido "apoyos claros".
El 25 de agosto, tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno compareció ante los medios para anunciar que ofrecía a las comunidades autónomas la posibilidad de contar con el aval legal que supone el estado de alarma para poder adoptar medidas de contención que pueden chocar con derechos fundamentales. «Las solicitudes basadas en criterios sanitarios contarán con el respaldo del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno», recalcó.
El 'plan B' al polémico mando único que ejerció Sánchez y que tantos sarpullidos provocó en algunas comunidades autónomas se encuentra en el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Dice lo siguiente: «A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad».
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¿Por qué Sánchez habló de la «mayoría parlamentaria»? Porque en un primer momento, el estado de alarma es decretado por el Consejo de Ministros para un periodo de quince días. A partir de ahí, es el Congreso de los Diputados el que debe autorizar las prórrogas y los dos partidos que sustentan el Ejecutivo sólo tiene 155 de los 350 escaños del Congreso. Para lograr los 176 de la mayoría absoluta es necesario el concurso de otros 21 diputados. Sin embargo, los socios nacionalistas e independentistas de Sánchez no ven con buenos ojos una herramienta, el estado de alarma, que ven como una «recentralización» de competencias.
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