Salud da un ultimátum a La Pau para que confirme si garantiza el servicio de ambulancias en Euskadi

La fecha de la reunión de mañana martes no es casual. Se produce unos días después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) desestimase las reclamaciones presentadas por UGT y USO contra la adjudicación del contrato del transporte sanitario no urgente en Bizkaia y poco antes de que entre en vigor el nuevo convenio laboral en este sector, que prevé incrementos salariales de entre un 23 y un 31% a los empleados. Bilbao ha trasladado en la Comisión de Salud del Parlamento vasco que en la consejería ven «difícil» que la compañía «pueda cumplir estos compromisos» salariales, dada su delicada situación económica. De alguna manera, la consejería le está enseñando la puerta de salida a la empresa y solo falta que la cooperativa catalana certique por escrito su marcha para activar a nivel administrativo el proceso para contratar a una nueva empresa.

En el Departamento de Salud trabajan con la previsión de que La Pau haga oficial mañana que se va y prepara un contrato de emergencia para poder contratar a otra empresa que dé continuidad a la prestación de este servicio. La viceconsejera ha hecho público la fecha límite que se ha marcado el Gobierno vasco para que esté «resuelto» este problema: el 30 de noviembre. Bilbao ha explicado que estos cambios de compañía llevan «tiempo». «No se puede cambiar de empresa de ambulancias de un día para otro. Es necesario contar con vehículos para la flota, con bases donde guardarlos y tener todo eso atado lleva un tiempo», ha aclarado.

La compañía cuenta con cuatro lotes en en Bizkaia y Álava, dos de ellos de transporte sanitario urgente y otros dos del programado. Fuentes del sector apuntan que es posible que la salida de La Pau sea escalonada y comience por los vehículos urgentes, para semanas más tarde hacer lo propio con los programados.

En lo que sí ha insistido la viceconsejera de Financiación Sanitaria es en que en el Gobierno vasco están hartos de que las ambulancias que atienden a la población vasca acumulen un reguero constante de deficiencias, «con servicios que no se han prestado o que no lo han hecho en las condiciones debidas». Solo en Bizkaia en seis meses cerca de 5.000 pacientes tuvieron que esperar más de tres horas tras un alta hospitalaria para regresar a su casa en ambulancia o han faltado vehículos en algunas localidades turísticas como Bakio o Plentzia por falta de personal.

«No estamos satisfechos con el servicio que presta esta empresa, pero en la Administración Pública no se pueden resolver las cosas de un día para otro. Son contratos que no se pueden suspender y eso dificulta las cosas», ha indicado. Es más Bilbao ha explicado que, aunque el OARC haya dicho en su resolución que la última adjudicación del contrato de ambulancia a La Pau por parte de Salud a finales de julio, por la actual consejería, administrativamente era correcta al haber presentado la compañía un plan financiero para dar respuesta a los impagos a la plantilla, la calidad con la que la compañía está prestando ese servicio no gusta en absoluto al Departamento. «Para Salud los pacientes y los derechos de los trabajadores están en el centro», ha recalcado.

Bilbao ha recordado que Salud ha impuesto sanciones a La Pau por deficiencias del contrato ocurridas entre 2022 y 2023, la más cuantiosa de ellas por valor de 840.000 euros por ofrecer vehículos que tenía contratados Osakidetza para otros servicios. También añadió que Inspección de Trabajo le ha levantado «55 actas» por diferentes incumplimientos de sus obligaciones -algunas por retrasos en el pago de las nóminas- aunque la mayoría de ellas están recurridas y no son firmes.

Para estar más encima de los contratos que suscribe con empresas privadas para la prestación de servicios, el Departamento de Salud ha decidido crear una comisión de seguimiento que garantice que se cumplen esos acuerdos. Y cuando no sea así, que imponga las multas correspondientes.