Salud se libera de los dos últimos altos cargos ligados a la OPE de Osakidetza

Ambos representantes institucionales, Berraondo y Octavio, eran los dos únicos cargos que quedaban en el Departamento de Salud ligados a la gestión de la polémica OPE médica. Con su salida, no queda ya ni un solo responsable político ni en el Gobierno ni en el Servicio Vasco de Salud que pueda relacionarse directamente con los exámenes bajo sospecha. La consejera Gotzone Sagardui cumpliría así el compromiso adquirido al comienzo de la legislatura de librar al Gobierno de toda sombra relacionada con el escándalo de la supuesta filtración de pruebas en 19 especialidades médicas.

Lo cierto es que todos los altos cargos del Gobierno vasco que tuvieron relación directa con la gestión de la OPE han dimitido o dejado el cargo «por razones personales» según avanzaban las investigaciones. La primera en dejar su puesto fue la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica y lo hizo el 16 de noviembre de 2018, cinco meses después de que ELA, LAB y ESK trasladaran a la Fiscalía la información que disponían para que investigara el asunto si lo consideraba oportuno, como ocurrió. Múgica dijo entonces que no quería que su gestión «condicionara políticamente» al Departamento de Salud y Osakidetza.

Apenas mes y medio después, el 3 de enero de 2019, su director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, anunciaba también su salida. No había transcurrido un mes, en febrero de ese mismo año pasado, cuando se conocía el informe final de la Fiscalía sobre el escándalo del fraude en la OPE, en el que se habla del papel de tres directivos de Osakidetza: el propio Soto, su subdirector, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay. El escrito de la acusación pública indicaba que los tres podían tener conocimiento de lo que había ocurrido y no descartaba que su papel incluso «podría tener contenido incriminatorio».

Balerdi aguantó en el cargo hasta septiembre de ese año, más incluso que el propio Jon Darpón, que se vio forzado a dejar la consejería para evitar ser reprobado por el Parlamento en marzo de 2019. La situación dio un nuevo vuelco el pasado junio, cuando María Jesús Múgica declaró ante el tribunal que investiga las supuestas irregularidades que las decisiones relativas a la OPE se adoptaban de forma mancomunada en el Comité de Dirección del Departamento, que está integrado por el consejero, sus viceconsejeros, la dirección general de Osakidetza y la dirección de Gabinete. Fue entonces cuando, al parecer, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó la salida ordenada de todos los cargos que aún quedaban en el Gobierno. El primero en hacerlo, también por «motivos personales», fue el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, el pasado septiembre. Osakidetza quedó así libre de su última carga. Faltaba por completar la operación de saneo en el Departamento de Salud.

Con el cambio de Gobierno, había caído en julio la viceconsejera Fátima Ansotegi, que fue recuperada por el exconsejero Jon Darpón para la aseguradora internacional Keralty, donde él mismo encontró acomodo laboral tras su salida del Ejecutivo. Quedaban en Lakua el viceconsejero Iñaki Berraondo y la exdirectora de Gabinete, antes jefa de Prensa, Isabel Octavio. Después de ser nombrada por Sagardui asesora con sueldo de viceconsejera, Octavio fue llamada por ETB para ser la directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de la televisión pública vasca, en sustitución de Andoni Aramburu, que acababa de jubilarse.

La salida de Berraondo, sólo parcial, se ha hecho coincidir con su 65 cumpleaños, aunque se dice que permanecerá aún dos años más «colaborando» con el Departamento. Aún se ignora si continuará al frente de la estrategia vasca contra el coronavirus, de la que se considera su principal artífice. A él, de hecho, se le ve en Lakua «como uno de los principales promotores de maniobras» como el arrinconamiento del Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes y los servicios de Salud Pública al comienzo de la crisis, así como el diseño de una nueva Comisión Técnica del LABI trufada de cargos políticos.