Respaldo del Congreso a tramitar la 'ley vasca' que busca resarcir a las víctimas del amianto

Todos los partidos políticos de la Cámara –salvo Vox– respaldaron tomar en consideración la iniciativa vasca, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Vitoria en febrero de 2017. Se trata, de hecho, de la segunda vez que este mismo asunto llega a Madrid. La vez anterior, sin embargo, no llegó a ser aprobado de forma definitiva por el adelanto electoral.

En un tiempo en el que es muy difícil ver a los partidos de distinto signo ponerse de acuerdo, en la tarde del martes todas las formaciones, salvo la ultraderecha, hicieron una excepción con el amianto. Los representantes políticos coincidieron en la necesidad de crear un fondo de compensación para los damnificados. Para justificar esta necesidad, aportaron datos. Y lo cierto es que las cifras del amianto impresionan. Sólo en España, el número de fallecidos por mesotelioma en todo el país desde 1999 es de 6.961 personas. Se estima que el número de muertos por otras patologías derivadas del amianto es todavía mayor y que, además, el 40% de las defunciones «está por llegar».

Durante gran parte del siglo XX, se importaron millones de toneladas de este mineral. Tres cuartas partes del mismo se utilizó en la construcción. Uno de los problemas es el «largo tiempo» que transcurre entre la exposición a este material y la aparición de enfermedades, como por ejemplo los mesoteliomas. Los expertos calculan que se pueden diagnosticar unos 700 cánceres de estas características al año por el amianto. Más datos. Según el texto aprobado ayer, sólo entre 2003 y 2009 se produjeron 7.154 casos que deberían ser indemnizados. España, además, fue «uno de los últimos países en prohibir» su utilización. Si no se hizo antes, dijo la representante de Ciudadanos, fue por «su alto coste laboral y empresarial».

El problema es que, en muchos casos, las víctimas se ven «obligadas a litigar» cuando son diagnosticadas años después. Y en algunos casos, cuando por fin lo pueden hacer, a veces ya no hay empresa a la que reclamar judicialmente o los damnificados no han podido sobrevivir a la enfermedad, explico la parlamentaria del PNV, Maitane Ipiñazar.

Eba Blanco, de EH Bildu, insistió en que los damnificados no entienden los «retrasos» a la hora de tramitar esta iniciativa y puso el acento sobre una realidad que la mayor parte de las veces pasa desapercibida: las enfermedades que han sufrido muchas mujeres que lavaban la ropa de trabajo de sus maridos. El 80% de estos casos –denunció– no han sido reconocidos. Por su parte, Gloria Sánchez (PSE-EE) destacó el agravio comparativo que supone que otros países europeos hayan aprobado ya fondos de compensación y que en España no se haya hecho nada «después de 20 años».

Patxi Kortazar, vicepresidente de la asociación de afectados ASVIAMIE, destacó a EL CORREO que este primer paso es una noticia «muy importante» después de «tantos años de lucha». «Cientos de trabajadores enfermaron sin ninguna compensación. La mayoría murió. Hay muchas familias esperando», reconoció Kortazar.

Solo Vox rechazó apoyar la iniciativa al considerar que busca crear un «chiringuito». Además, cuestionó que el fondo, impulsado desde el País Vasco, sea estatal: «A la hora de la verdad, la Hacienda (vasca) no pone ni un duro. Han quedado muy bien, nos largan el muerto al resto de los españoles», dijo su diputado Emilio Jesús del Valle.