El precedente gallego, clave en la argumentación de Salud

En el Ejecutivo vasco confían en que no haya «ningún problema» y obtener el plácet de los jueces y, con ello, el paraguas legal con el que aplicar las nuevas medidas y, en los casos necesarios, sancionar las conductas incívicas. Para conseguir ese visto bueno, incorporarán a la orden una amplia argumentación basada en los datos epidemiológicos de la comunidad -en estos momentos en clara evolución negativa- y en los precedentes legales sobre esta materia.

En concreto, en el Gobierno vasco se agarran a la decisión adoptada este pasado viernes por la sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Sus miembros dieron el visto bueno a la petición del Gabinete de Alberto Núñez Feijóo de limitar a diez personas las reuniones de carácter social en aquella comunidad. Una solicitud similar a la que ahora plantea Lakua (en el caso de Euskadi se rebaja a seis el número de personas), que obliga a suspender el derecho fundamental de reunión.

El TSXG avaló la orden de la Consellería de Sanidad por «ser apropiada y justificada desde el punto de vista normativo y técnico». «Tal medida comporta restricciones a las agrupaciones de personas a fin de proteger su salud ante la existencia de un riesgo de carácter transmisible», explicó el tribunal, que también tuvo en consideración las «normas legales sanitarias adoptadas por la autoridad autonómica» que daban cobertura a las restricciones con la declaración de la emergencia sanitaria, que ha permanecido en vigor desde entonces en Galicia pese a solaparse con el estado de alarma. En el caso de Euskadi, Urkullu reactivó la emergencia a mediados de agosto.

Esta resolución de los jueces gallegos es la que el Gobierno vasco tiene en mente a la hora de presentar ante el TSJPV la orden de Salud con las nuevas restricciones. Confía en que esa resolución sirva de «precedente» para que la sala presidida por Luis Ángel Garrido les dé en los próximos días su visto bueno y en que no existan «dos varas de medir», una vez que un tribunal «del mismo rango» ha avalado una medida similar hace tan solo una semana.

No obstante, el Gobierno vasco nunca las ha tenido todas consigo y no ha escondido su preocupación ante la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de una doctrina unificada en el Supremo respecto a las medidas que pueden adoptar las comunidades autónomas para luchar contra el Covid-19 sin la cobertura del estado de alarma. De hecho, tras el varapalo del Tribunal Superior madrileño a las restricciones impulsadas por el Ministerio de Sanidad en el consejo interterritorial, las alarmas se encendieron en Lakua, y el Gobierno vasco encargó un informe a sus servicios jurídicos para que le marcaran el camino. Según subrayó el pasado martes el portavoz, Bingen Zupiria, según las conclusiones preliminares de los juristas la vía seguida por Euskadi es la «idónea» y la legalidad de las restricciones está garantizada, siempre que tengan «base sanitaria y científica» y todas las «garantías jurídicas».