PNV y PSE censuran las palabras del juez Garrido y ponen en duda su «objetividad» para reabrir los bares

En lo que la mayoría de formaciones ha coincidido este jueves es en mostrar su apoyo a los epidemiólogos, los expertos sanitarios a los que Garrido despreció por especializarse solamente con «un cursillo» y ofrecer las mismas recetas que «en la Edad Media» para contener el avance de la Covid-19. «La labor de los epidemiólogos es tremendamente importante y queremos lanzar nuestro reconocimiento al trabajo fundamental que están haciendo», ha apreciado el portavoz parlamentario del PSE, Eneko Andueza. «Hay que seguir siempre criterios epidemiológicos sin cuestionar su profesionalidad», ha añadido Iñigo Martínez, representante de Elkarrekin Podemos-IU.

A juicio del PNV, partido mayoritario tanto en la Cámara como en el propio Gobierno de coalición, las palabras del juez del TSJPV desacreditando la misión de los técnicos siembran sospechas sobre su propio trabajo al frente del órgano que ha autorizado la reapertura de los bares. «Ha puesto en duda su profesionalidad y objetividad para juzgar un asunto tan importante contra el que tiene tantos prejuicios», ha destacado el jeltzale Iñigo Iturrate. Según el secretario primero de la Mesa, las declaraciones de Garrido validan el posicionamiento del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, «confirmando que los jueces no se deben meter a epidemiólogos».

Entre los grupos de la oposición, tonos diferentes pero un mismo objetivo: que la polémica no haga desaparecer los errores que ven en la gestión de la pandemia. La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha afirmado no importarle las «opiniones personales» de Garrido. «La prioridad es preservar la salud pública», ha contrapuesto. Y es que para la coalición abertzale el quid de toda esta cuestión está en la falta de apoyo al sector hostelero, fuertemente azotado por la crisis del coronavirus. «Si las medidas de apoyo a la hostelería hubieran sido suficientes, no estaríamos así porque el cierre no habría significado una catástrofe para el sector», ha subrayado.

En Elkarrekin Podemos-IU aseguran no «compartir» las manifestaciones del magistrado, pero centran la diana de las críticas en el Gobierno vasco. «Debería explicar por qué se han aplicado medidas restrictivas sin el correspondiente aval jurídico. Esperó al TSJPV para aplicar la restricción de reuniones de seis personas. Si entonces esperó porque tenía dudas razonables, ¿por qué no en este caso?», ha cuestionado Iñigo Martínez. La coalición morada pide para próximas ocasiones que el Ejecutivo se asegure de no sufrir «varapalos» tras adoptar medidas y evitar así «situaciones de incertidumbre, de no saber qué va a suceder de un día para otro».

Los menos críticos con las palabras de Garrido han sido PP+Cs y Vox. Para el portavoz de los primeros, Carmelo Barrio, son «opiniones libres de una persona libre en ámbitos de opinión». El dirigente popular cree que el Gobierno vasco actúa con «una reacción impotente y perversa» ante el auto judicial y pretende crear «una guerra y confusión» para que no se hable de su gestión en la pandemia. «Que gobierne bien y que no nos eche la culpa a los demás», ha sintetizado. Para la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, el magistrado debería tener siempre «cuidado», pero dice no estar dispuesta a opinar sobre su «forma de vida» y está convencida de que se basó «en la legalidad vigente».