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Osakidetza tiene un proceso judicial abierto en el que le reclaman 130.499 euros. Se los solicita una mujer que dio a luz en el ... Hospital Donostia en 2012 por cesárea. En primera instancia un juzgado de San Sebastián desestimó su demanda, aunque inicialmente solicitaba 21.000 euros. Después acudió al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, que indicó la existencia de violencia obstétrica en aquel nacimiento. Sostiene que esta mujer «sufre un trauma físico y psicológico duradero como consecuencia de su experiencia durante el parto».
Aquel alumbramiento tuvo lugar a las 38 semanas de gestación tras haber roto aguas la mujer. En su resolución el Cedaw señala que el centro sanitario «ignoró el período protocolario de espera de 24 horas y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento». «N.A.E. fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Luego fue sometida a una cesárea sin justificación médica, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo. La cesárea fue realizada por un grupo de médicos residentes en formación supervisados por tutores, sin el consentimiento previo de N.A.E.».
La Cedaw también denuncia que «cuando nació su bebé (la madre) no pudo tocarlo porque aún tenía los brazos atados. El niño fue llevado de inmediato al pediatra y N.A.E. no tuvo oportunidad de tener contacto piel con piel con él». La denunciante sufrió después episodios de ansiedad y se le diagnosticó un trastorno por estrés postraumático.
En opinión de Idurre Bustillo, letrada de Osakidetza, la denunciante sigue una estrategia procesal concreta por parte de sus abogadas, «próximos a la asociación El Parto es Nuestro». Bustillo es muy crítica con el dictamen de la Cedaw al entender que tuvo en cuenta los criterios de varias organizaciones españolas que vinculó a esta agrupación y otras latinoamericanas, pero no los de diferentes sociedades médicas. Ahora el caso se encuentra en un juzgado de Vitoria, que será el que dictamine si realmente se produjo violencia obstétrica, como sostiene la Cedaw, y condena a Osakidetza a pagar una indemnización por ello. En el Servicio Vasco de Salud, por su parte, defienden que la actuación del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Donostia fue el correcto.
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