El pasaporte de vacunación divide al Gobierno, la UE y los expertos

Por ahora, solo Israel ha puesto en marcha ese 'pasaporte verde' que abre puertas a hoteles, centros comerciales o gimnasios al 32% de su ciudadanía que está ya completamente inmunizada. En Andalucía, desde este miércoles, existe el 'carnet covid' con el que los residentes en esta comunidad que han recibido las dos dosis podrán acreditar la supuesta inmunidad contra el coronavirus. No obstante, la Junta no ha dejado muy claro para qué servirá exactamente lo que, por ahora, es solo un «certificado de vacunación», según reconocen desde el Gobierno andaluz y desde Sanidad.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, más cauta que Andalucía, por ahora solo estudia la posibilidad de poner en marcha de una suerte de certificado que sirva de acelerador del sector hostelero. La idea que desde hace días analiza el Reino Unido es similar pero vista desde el prisma del turista: un certificado internacional para viajar sin covid, aunque tampoco se conocen más detalles de esa iniciativa, que, explican desde el Ejecutivo, sería «más cercana» a la idea de España, que sobre todo está ligada a la promoción del turismo con vistas a este verano. O como dijo la propia Moroto: «queremos adoptar protocolos comunes en Europa» con el objetivo de que los viajeros recuperen la «confianza que necesitan».

Sin embargo, la propuesta española no se ve con buenos ojos en buena parte de Europa. Maroto tiene un firme aliado en Grecia, pero de cara, al menos por ahora, tiene a los poderosos gobiernos de Francia y Alemania (exportadores netos de turistas), tal y como quedó claro que en la reunión virtual de ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete celebrada el pasado martes.

Berlín y París alegan que restringir los derechos de alguien solo por el hecho de no estar inmunizado parece de dudosa legitimidad. Se trata exactamente de los mismos reparos que han expresado ya, de forma informal, los servicios jurídicos consultados por Moncloa, que insisten en que sería «claramente discriminatorio» vetar libertades a personas que todavía no han podido acceder a las profilaxis por la falta de viales y no por «motivos ajenos a su voluntad». Según los juristas, un salvoconducto de este tipo crearía «ciudadanos de primera y de segunda».

«Hay un trabajo técnico que se ha desarrollado en el seno de la UE para clarificar su uso sanitario y técnico. Está siendo objeto de estudio. España está participando para llegar a un acuerdo con otros países», se limitó a señalar hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Las dudas no son solo jurídicas, también científicas. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) no se muestra, por el momento, partidario por las «insuficientes evidencias sobre la eficacia de las vacunas en la reducción de la transmisión» del virus. Sin embargo, el ECDC matizó que «apoya los certificados de vacunación» que documenten quién ha sido inmunizado, cuándo y con qué vacuna, pero exclusivamente con «fines médicos», como una manera exclusivamente estadística de ver cómo se desarrolla la vacunación.

Los expertos de Sanidad coinciden con el parecer de la ECDC y añaden que no hay estudios concluyentes sobre el porcentaje de «reinfección» y que un pasaporte de este tipo que da «falsa seguridad» no puede en ningún caso ser «eximente» de cuarentenas.

La Organización Mundial de Salud suma a las reticencias legales y sanitarias las éticas. La OMS ya ha alertado que, dado el desigual reparto de las vacunas en el mundo, el pasaporte de vacunas vetaría los movimientos a los centenares millones de personas que tardarán todavía mucho en acceder a la profilaxis.

No solo en el Gobierno genera dudas el pasaporte covid como forma de incentivar la vacunación, sino también la otra gran iniciativa puesta en marcha en España para alentar la inoculación: la nueva legislación autonómica gallega que prevé multas de hasta 60.000 euros para aquellos que rechacen inyectarse. El texto, aprobado el martes con el apoyo de la mayoría absoluta del PP, no cuenta con el visto bueno del Gobierno central, que, aunque apoya incentivar por todos los medios la inoculación masiva, sin embargo cree que esta proposición para modificar la Lei de Saúde tiene visos de no pasar los filtros del Constitucional, al vulnerar derechos fundamentales sin amparo alguno de una ley orgánica y contradecir normativas nacionales. Una opinión que comparten desde la oposición los socialistas y nacionalistas, amén de numerosos juristas.

 El texto, registrado en la cámara el pasado noviembre, sostiene que la negativa a inmunizarse constituye, por norma general, una «infracción leve», castigada con entre 1.000 y 3.000 euros de multa, al entender que ese rechazo es «injustificado» en cuanto se trata de «someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley». No obstante, el nuevo texto abre la puerta a considerar como sanción grave, y por tanto multada con entre 3.000 y 60.000 euros, la negativa a inocularse cuando esta acción «pueda suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población».