El Parlamento vasco descarta investigar la OPE de Osakidetza y reprobar a Darpón

En ambos casos, la abstención del PP ha sido decisiva para dar un respiro al Gabinete Urkullu y, en particular, al máximo responsable de la Sanidad pública vasca. No obstante, los populares vascos, a través de Laura Garrido, han advertido al Gobierno vasco que su posición de hoy no es un cheque en blanco, sino «una oportunidad para un cambio de rumbo» en el área más importante de la Administración autonómica.

Rebeka Ubera (EH Bildu) ha justificado la propuesta de promover una comisión investigadora, una iniciativa que anunció en junio y hasta ahora tenía paralizada, para saber «dónde falla el sistema y poner fin a la impunidad». Y es que el partido abertzale, al igual que a los podemitas, consideran del todo insuficientes las medidas adoptadas por el Departamento de Salud para esclarecer los hechos. Ubera y la parlamentaria de Podemos Cristina Macazaga han afirmado que todas las actuaciones llevadas a cabo por Osakidetza y la consejería de Jon Darpón han sido simplemente «un manto para tapar un modelo basado en el amiguismo».

Frente a esta posición, el PP ha reclamado al Gabinete Urkullu «un cambio radical la gestión» del Servicio Público de Salud, una vez que ha logrado la dimisión de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica. Es más, la parlamentaria Laura Garrido ha recalcado que este cese fue la condición 'sine qua non' de su partido para rechazar la puesta en marcha de una comisión de investigación. «Se han asumido responsabilidades políticas y la Fiscalía tiene abierta una investigación», ha señalado para argumentar la negativa de su partido a emprender un estudio paralelo en el Parlamento.

La abstención de los populares no ha impedido que sean muy críticos con los responsables de la Sanidad pública vasca en la medida que su «mala actuación» para aclarar los hechos ha favorecido que «algunas personas -en alusión a Ubera, Macazaga y varios sindicatos- cuestionen el sistema y se ponga en duda la honorabilidad de todos aquellos que han actuado correctamente».

Desde los partidos del Gobierno, la socialista Natalia Rojo ha acusado a Bildu y Podemos de «pretender judicializar el Legislativo por intereses políticos ante la proximidad de las elecciones forales y municipales de mayo». Rojo ha asegurado que el PSE «también quiere llegar hasta el final», al igual que todo el Ejecutivo porque «el propio señor Darpón ha reconocido que tenemos un problema». En opinión de los socialistas, la resolución de este «problema» viene de la mano de la Fiscalía, así como del cambio de modelo de oposiciones ya planteado por la dirección de Osakidetza y abierto a la negociación con los grupos parlamentarios, sindicatos y colegios profesionales. «Pero ustedes, en referencia a Bildu y Podemos, solo tienen un fin: acabar con el consejero de Salud», ha espetado.

Por el PNV, Kerman Orbegozo ha asegurado que su partido desde el primer momento pidió al Gabinete Urkullu el esclarecimiento de lo ocurrido y actuar «en base a pruebas y evidencias objetivas». Asimismo, se ha referido a la colaboración del Departamento de Salud con el Ararteko y la Fiscalía y ha cargado contra quienes «han hecho acusaciones basándose solo en indicios y sospechas movidos únicamente por el interés de obtener un rédito político».