La pandemia reduce un 28% la lista de espera para las residencias vizcaínas

Conviene aclarar que esa prestación la reciben dependientes que están en una residencia y familias que asumen el pago de una plaza privada -entre 2.500 y más de 4.000 euros mensuales- mientras esperan que se libere una pública. ¿Por qué se da esa situación cuando la mayoría tiene reconocido un grado de discapacidad suficiente? Porque la Diputación les ha ofrecido una plaza concertada, generalmente lejos del domicilio familiar, y la han rechazado. Un ejemplo: suele haber camas libres en Balmaseda, pero muchas menos en el centro de Bilbao. O puede haberlas en la zona deseada pero que uno esté especialmente interesado en una residencia en particular porque conoce sus servicios o tiene allí a algún otro allegado.

Hay familias que se mantienen durante años en ese 'impasse', asumiendo la mayor parte de la estancia con patrimonio suyo o del propio dependiente. «Puedes rechazar hasta dos veces la plaza que te ofrezca La Diputación. En algunas zonas hay más centros y es más fácil», cuentan desde Babestu, la asociación de familiares. Es obligado aceptar la tercera oferta, aunque una vez transcurridos tres meses en ese destino se puede pedir el traslado. Entraría uno así en la lista de espera de plaza pública para el centro que solicita. Se le llamará cuando llegue su turno.

Que la pandemia ha rebajado la demanda en los centros residenciales es una realidad de sobra conocida. El coronavirus ha elevado la mortalidad entre las personas de edad avanzada y se ha cebado especialmente con los mayores de 80 años, tanto estuvieran en centros residenciales como en sus domicilios. Gesca, la principal patronal del sector, estimó en enero que tenían libre una de cada cuatro camas. En aquel momento, cuando la vacuna comenzaba a llegar a los geriátricos, reconocían que casi no había habido ingresos desde que estalló la crisis sanitaria.

El temor a los contagios y brotes masivos, así como las restricciones impuestas para visitar a los dependientes, ejercían de freno para los ingresos. «Siempre es difícil dar el paso. Y, cuando encima no sabes cuántos días vas a poder ver a tu familiar, más todavía», explicaba por entonces el director de un centro. Esa situación ha ido cambiando desde que se vacunó a todos los internos y se flexibilizó el régimen de visitas. «Ahora somos el lugar más seguro», refrenda el mismo responsable.

Aitor Pérez Artetxe, portavoz de Gesca, destaca que «muchos mayores han muerto en sus casas durante la pandemia, en mayor medida incluso que en los centros geriátricos». A su juicio, asistimos todavía a lo que define como «un periodo de barbecho», con «muchas revaloraciones de grado». El porcentaje de camas vacías no ha variado sustancialmente. Cuando Gesca cifró en un 25% las plazas libres se refería a las privadas, ya que la inmensa mayoría de las concertadas -el 95%, según Acción Social- están ocupadas.

Bizkaia tiene un sistema residencial muy diferente al alavés y el guipuzcoano. La Diputación paga un precio por dependiente y día -entre 94 y 100 euros- a una empresa privada que ofrece el servicio. El dependiente asume parte del coste según sus ingresos. Al margen de las camas concertadas, hay en Bizkaia media docena de instalaciones estrictamente públicas, que suman un 3% de las 10.748 plazas de la red. En los 154 centros hay más camas libres de carácter privado y una menor lista de espera para acceder a las concertadas.