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El año 2022 comenzó con listas de espera de casi tres meses de media para ser operados en Osakidetza. Así que no es de extrañar que, en el balance de 2021 del Ararteko, las quejas relacionadas con la sanidad pública se hayan disparado con respecto ... al ejercicio precedente. El pasado año se registraron 348 reclamaciones escritas por estos asuntos, frente a las 141 de 2020, lo que supone casi un 147% más. Representan el 14% de las peticiones tramitadas por el Defensor del Pueblo vasco, solo por detrás de las relacionadas con las ayudas sociales.
Tras entregar su informe a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, Manu Lezertua puso ayer de relieve que «el área de Salud» del Ararteko «se ha visto muy solicitada en 2021». La razón principal es que «la pandemia ha estresado mucho» el sistema sanitario, lo que ha conllevado que «en los picos» de la transmisión del virus se hayan «pospuesto operaciones». Los afectados, «considerando que el retraso era excesivo», han protestado ante el Ararteko, ya que «tenían dolores» o pensaban que «podría verse agravado su estado de salud» por la demora.
Al margen de la asistencia, los retrasos, la cancelación de consultas y pruebas diagnósticas o la falta de ambulancias, «temas recurrentes», los vascos también mostraron su descontento con aspectos vinculados a la covid-19. Uno de ellos fue el de la administración de la vacunación por tramos de edad, «una fuente de quejas», con «colectivos de personas con determinadas enfermedades que entendían que tenían que ser prioritarios». El pasaporte covid, considerado «superfluo» por algunos de los reclamantes, que pedían intervención contra su «generalización», y el uso de mascarillas en los centros escolares también ganan espacio en un informe que, pese a centrarse en las quejas escritas, no obvia que «las consultas telefónicas» sobre estos aspectos fueron «muchas».
A nivel general, el Defensor del Pueblo vasco llevó a cabo el pasado año 12.491 actuaciones (un 27% más que un año antes), de las que 7.578 fueron quejas y consultas, que derivaron en la apertura de 2.470 expedientes. Uno de cada cinco, la cifra más alta por áreas, correspondieron a la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda. Los escritos sobre las ayudas que concede Lanbide alcanzaron los 458, más del 90% de los relacionados con el ámbito de la inclusión social. En este caso, la pandemia no ha influido tanto en las cifras como en la tipología de las reclamaciones, relacionadas con las resoluciones del Servicio Vasco de Empleo, pero también con las «dificultades para la comunicación con los servicios públicos».
En este sentido, se redactaron 38 recomendaciones, que se sumaron a las 26 pendientes de 2020. Sin embargo, las instituciones no aceptaron o ignoraron seis de cada diez. El silencio en muchos de esos casos escama a la oficina que dirige Lezertua, que en el balance deja claro que «este tipo de actitudes», además de mermar «el reconocimiento de las funciones» que el Parlamento vasco atribuye al Ararteko, son «desconsideradas con los ciudadanos» que solicitan su amparo.
12.491actuaciones realizó el Defensor del Pueblo vasco (un 27% más), entre las que destacan 7.578 quejas y consultas.
2.470expedientes abiertos, la mayoría, 508, sobre la inclusión social. Y 348 sobre sanidad.
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