PNV y PSE se oponen en las Juntas a una investigación general de las residencias

El apoderado de la formación morada Héctor Fernández Medrano insistió en la necesidad de investigar «por responsabilidad pública, para hacer justicia, para poner a cada uno en su sitio y depurar responsabilidades allá donde las haya». «La calidad en algunos centros ha quedado en entredicho, ya sea por falta de previsión, descuidos o incapacidad material». Fernández Medrano ve necesario dimensionar los «errores» e «incumplimientos».

En su intervención, aludió también a una situación relativamente desconocida hasta el momento. «Sabemos que hay centros díscolos. Centros donde se repiten las recomendaciones y que hay que visitar en varias ocasiones para que cumplan la normativa», aseveró. No dudó en añadir que «en Marcelo Gangoiti, en Muskiz, donde se contagiaron casi todos los mayores -97 de 103-, aparecen las mismas recomendaciones de la inspección en abril, meses antes del brote, y en septiembre». Se aludía en ellas a cuestiones como «separar las tolvas de la ropa». Por ese motivo, reclamó «conocer los nombres y las circunstancias de cada residencia. Porque igual que no sabemos dónde fallecen los mayores, no sabemos dónde hay dejaciones en las funciones». También aludió a que «los datos de fallecidos no acaban de cuadrar».

La juntera Izaskun Duque, de EH Bildu, aludió precisamente al «enésimo enredo estadístico» con la cifra de decesos por covid, que Salud eleva a 990, el doble de los recogidos hasta ahora por la Diputación. El Gobierno, a diferencia de Acción Social, incluye en sus recuentos los centros de día. Duque pidió analizar «la situación actual y también lo que ha pasado antes». El apoderado del PP Eduardo Andrade se sumó a la exigencia de «una investigación exhaustiva», aunque consideró que «hay más responsabilidad en la Diputación, por las medidas adoptadas, que en los propios centros, donde han hecho todo lo que han podido».

Jeltzales y socialistas insistieron en que la Diputación mantiene «un control diario» de la situación de los 154 centros de mayores a través de sus servicios de inspección. La socialista Ana Berta Campo opinó que la investigación generaría «más estrés a este sector» y recordó que «la inspección corresponde a la Diputación y la investigación a la Fiscalía». La jeltzale Celia Gómez enumeró «las 365 inspecciones, 1.419 visitas, 1.500 llamadas y 530 entrevistas individuales» desde el inicio de la pandemia. Gómez pidió a la oposición «no generar alarmas innecesarias ni generalizar posibles irregularidades». También recordó que la encuesta foral entre los familiares dan un 8 sobre 10 a la atención. Podemos y EH Bildu reclamaron también la rescisión del contrato en Marcelo Gangoiti, una idea que fue rechazada por las Juntas. Celia Gómez aseguró que la Diputación sólo rescindiría el contrato «si hay residencias que lo hacen mal, además de forma dolosa y eso está debidamente probado. No es el caso».