Multan a Osakidetza por un error que obligó a operar cuatro veces a un paciente

El hombre, de 52 años entonces y vecino de Portugalete, ingresó en el hospital de San Eloy por un cuadro de «colecistitis aguda», una inflamación de la vesícula, el 15 de febrero de 2017 y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente con control ecográfico. La evolución tras el alta no fue buena y el 31 de marzo de ese mismo año se le realizó una «colecistectomía laparoscópica con sangrado en sábana». Quedó la duda «de haber lesionado la vía», lo que se confirmó en el postoperatorio. El cirujano había «clipado por error el conductor hepático».

El paciente acudió a Urgencias en noviembre de 2017 con fuertes dolores y una hernia. En febrero de 2018 tuvo que volver a ser operado, pero le volvió a salir otra hernia paraumbilical y fue sometido a una nueva cirugía en septiembre. Tampoco esta vez quedó bien y volvió a Urgencias en diciembre, cuando «se le aconsejó que bajara peso para volver a intervenirle en unos meses». En marzo de 2020 regresó al quirófano «para corregir la eventración supraumbilical».

A lo largo de 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión de transportista por limitaciones de dolor abdominal, náuseas y bultoma abdominal con el esfuerzo físico» y «sin posibilidad de recuperación».

La magistrada observa en el caso «mala praxis». «El cirujano se equivocó y clipó por error con dos clips el conducto hepático en lugar de otro», lo que determinó que después tuviera que someterse a las posteriores intervenciones quirúrgicas.

Según el informe pericial, encargado a un miembro de la Asociación Española de Cirujanos, la laparoscopia fue la técnica adecuada pese a la inflamación de la zona frente a la cirugía abierta «porque disminuye la estancia hospitalaria, el dolor postoperatorio, tiene mejores resultados estéticos y los pacientes se incorporan antes a su actividad laboral habitual». Osakidetza, por su parte, consideraba que los tratamientos «fueron los más recomendables en cada momento atendiendo a la situación del paciente». Para el Departamento de Salud, la cantidad reclamada -100.000 euros- era «desorbitada». Finalmente, la magistrada estima parcialmente el recurso interpuesto por el paciente y condena a la administración a indemnizarle con 53.918 euros.