Con una excavadora para romper la valla perimetral. Así entró este sábado la Policía autonómica catalana, en la nave agrícola de Llinars del Vallés (Barcelona) donde se venía celebrando una fiesta clandestina desde la tarde del pasado 31 de diciembre. Pasadas las doce del mediodía, ... los Mossos detuvieron a los tres organizadores de un evento que, según fuentes policiales, podría haber reunido a 150 personas sin ningún tipo de medida de seguridad y prevención frente al Covid-19.
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En cambio, algunos vecinos de la localidad, situada a 35 kilómetros de la ciudad condal, señalaron que hubo cerca de un millar de personas en el entorno del polígono industrial donde más de 40 horas antes empezó la 'rave'. Al parecer, se promovió a través de las redes sociales por personas extranjeras, aunque entre los participantes había también ciudadanos españoles.
El desalojo, en el que no hubo violencia aunque sí alguna escena de tensión, comenzó a las doce del mediodía. Algunos se resistieron y se encararon a los agentes, pues se negaban a ser identificados. La zona fue tomada por las fuerzas de seguridad y equipos antidisturbios. El operativo duró más de cuatro horas. La no intervención hasta ese momento de los Mossos había causado polémica, ya que tanto hosteleros como vecinos y sanitarios habían pedido acciones inmediatas y contundentes contra los participantes en el cotillón.
El consejero de Interior, Miquel Buch, afirmó este sábado que los Mossos no habían intervenido antes para evitar males mayores y enfrentamientos con los asistentes. Pero nadie alcanza a saber cuáles son esos males mayores, en una fiesta en la que cientos de jóvenes se habían concentrado en plena pandemia sin mascarilla y sin ninguna protección sanitaria. Mientras, rige el toque de queda y los bares y locales de ocio de Cataluña y el resto de España no puedan abrir sus puertas. Además, se sopesó qué hacer con los desalojados, ya que podían suponer un peligro potencial de cara a la expansión de posibles contagios.
Los 140 jóvenes fueron identificados y hay otros 50 que dieron positivo al volante por alcohol y drogas. El Gobierno catalán aseguró que será contundente con los asistentes a esta fiesta clandestina. «Recibirán denuncias de hasta 3.000 euros, mientras que para los organizadores la multa podría alcanzar los 600.000 euros», señaló el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.
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En unas imágenes difundidas por la cadena de televisión pública TV3 antes del desalojo, se pudo ver a varias decenas de personas en una pista de baile, con luces, sin ningún tipo de protección, y cómo no, sin distancia social ni mascarillas.
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