El ministerio rechaza obligar a los trabajadores a vacunarse, como piden varias comunidades

Primero, por una cuestión legal: la vacunación en España no es obligatoria. Así lo dijo el Tribunal Constitucional, cuando tumbó el 23 de julio el intento de Galicia de forzar a los pinchazos, con el argumento de que el Consejo de Estado veía una «ruptura» de la igualdad de los españoles en caso de que la inmunización fuera obligatoria. De hecho, una iniciativa como ésta debería estar avalada por una ley nacional que, por el momento, no está en estudio, de manera que las autonomías apenas tienen margen de actuación sobre este asunto.

Pero además, el ministerio cree que precisamente en España, la vacunación no es un problema. Al contrario que en países como Francia o Italia, cuyos gobiernos han aprobado leyes que obligan a la inmunización por el alto número de negacionistas incluso en el ámbito sociosanitario, los trabajadores de la salud españoles están plenamente concienciados, asegura Sanidad. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo el sábado que en España «no es necesaria ninguna acción legal» para obligar a la vacunación.

Eso sí, Sanidad estudia, junto con las comunidades, algunas medidas que tengan amparo legal y que permitirían actuar ante profesionales antivacunas. Por ejemplo, la realización de dos PCR a quienes hayan rechazado inmunizarse o trasladarlos forzosamente de centro para que no tengan contacto con población vulnerable.