Dos meses de estado de alarma: del encierro a la falta de inmunidad colectiva

«España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias». Así, a última hora de la tarde del 14 de marzo, el presidente Pedro Sánchez anunciaba la entrada en vigor, un día después, del estado de alarma. En una jornada de vértigo, marcada por las diferencias entre los socios de gobierno y las críticas desde las autonomías -Euskadi y Cataluña tildaron al Real decreto de 155 encubierto-, el Ejecutivo dio luz verde (posteriormente pasaría por el Congreso) a una medida que se aplicaba por segunda vez en democracia. El estado de alarma, en un primer momento aprobado para 15 días, se tradujo en el confinamiento de la población, la restricción de movimientos y un parón de buena parte de la actividad económica en todo el territorio nacional, amén del establecimiento de un mando único: Sánchez. El lehendakari Iñigo Urkullu perdía así su potestad, cuando unas horas antes había declarado la emergencia sanitaria en el País Vasco, lo que le otorgaba plenos poderes para gestionar Osakidetza y las clínicas privadas, ordenar confinamientos...

Las dudas sobre lo que se podía hacer y lo que no, y la decisión de muchos de saltarse el confinamiento, obligó a reforzar los controles policiales. Las empresas que seguían abiertas empezaron a hacer justificantes a sus trabajadores, los sanitarios a los familiares de dependientes que necesitaban cuidados... Y los agentes comenzaron a solicitar tickets de la compra a quienes encontraban en la calle. También, a blindar la 'muga' con Cantabria. Las críticas de los vecinos de localidades como Laredo o Castro a los vizcaínos que salieron en masa hacia sus segundas residencias se tradujo en más vigilancia, especialmente en momentos sensibles como el puente de San José y en Semana Santa. De hecho, el director de Emergencias de Osakidetza, Jon Sánchez, dimitió la semana pasada al trascender que la Policía Municipal de Castro le abrió un expediente sancionador por encontrarse en su segunda residencia el 21 de abril.

De forma espontánea, a través de las redes sociales, se desató una marea de solidaridad en los balcones. Desde el mismo día en el que se declaró el estado de alarma, las ocho de la tarde es, todavía, la hora marcada en los relojes para los aplausos. Son para reconocer el trabajo de los sanitarios, por su lucha en la primera línea contra el coronavirus, y también para otros trabajadores esenciales que se han visto sobrepasados por la pandemia. Es el caso, por ejemplo, de los empleados de supermercados, que tuvieron que enfrentar aglomeraciones y largas colas en los días previos al encierro sin apenas medidas de seguridad. Ahora, nuestra relación con las tiendas ha cambiado. Se mantienen distancias, se usan guantes, de forma mayoritaria también mascarillas y los trabajadores están separados de los clientes por pantallas de protección.

Unos días después de declararse el estado de alarma, comenzó la otra crisis, la económica. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se dispararon. Y son ya 191.000 los vascos afectados por este mecanismo y 40.800 los autónomos que se han visto obligados a cesar su actividad. El Real decreto aprobado por el Gobierno contemplaba medidas destinadas a «proteger a todos los trabajadores», de manera que las personas acogidas a un ERTE pueden cobrar la prestación por desempleo incluso si no cumplen con los requisitos. La Seguridad Social, además, asume la cotización de los empleados afectados por esta medida de fuerza mayor. El miércoles, el Boletín Oficial del Estado publicó un decreto-ley que fijaba el 30 de junio como fecha límite para la vigencia de este tipo de expedientes. Además, se suaviza la exigencia a estas compañías de no practicar despidos durante seis meses. En principio, deberán mantener medio año el empleo de los trabajadores afectados por el ERTE, no del resto.

El 18 de marzo se apagaba la vida Encarni, enfermera del hospital de Galdakao. Fue la primera sanitaria fallecida en España, aunque no la última. En Euskadi ya son tres los enfermeros y auxiliares que han muerto durante la pandemia y, según la asociación Médicos Unidos por sus Derechos, en España la cifra asciende a 76 de un total de más de 48.000 profesionales infectados. Trabajadores y sindicatos han reclamado, de forma reiterada, test a la totalidad de las plantillas. Y, en abril, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó a Osakidetza que practicara las pruebas a todos los trabajadores, también los no sanitarios.

El Gobierno central decidió a finales de marzo centralizar la compra de material sanitario. Esa decisión, y todo lo que vino después, estuvo marcada por la polémica. Los EPIs, en un mercado internacional saturado, tardaban en llegar y el Ejecutivo de Sánchez se vio obligado a devolver 659.000 test rápidos defectuosos adquiridos en China; también más de 100.000 mascarillas que no cumplían con los requisitos de seguridad que se les presuponía y cuyo uso está detrás del contagio de cientos de profesionales de hospitales. Las comunidades autónomas siguieron comprando por su cuenta, y no siempre les fue mejor. Para muestra, las mascarillas que está entregando la Comunidad de Madrid con la cartilla sanitaria, que incumplen la normativa europea. O las 300.000 que Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, repartió a los ayuntamientos. Las tuvo que retirar porque se desprendía la goma y ya ha entregado unidades nuevas.

A finales de marzo, el ritmo de contagios tanto en Euskadi como en el resto de comunidades autónomas no dejaba de crecer. Entre el 20 y el 30, se dispararon los positivos. En el País Vasco se rozaron los 4.900 nuevos casos, mientras que a nivel nacional se pasó de 19.000 a 85.000 en esos días. El 1 de abril se superaban ya los 100.000. Fueron los tiempos del hospital de campaña de Ifema, de centros sanitarios y UCIs saturados. Osakidetza ya había suspendido para entonces las citas y cirugías no urgentes, y tuvo que reorganizar la red de salud. Se crearon nuevas plantas en hospitales para pacientes con Covid-19, se utilizaron gimnasios de complejos sanitarios como unidades de cuidados intensivos y se zonificó la atención primaria, con centros de salud destinados exclusivamente a personas con síntomas de coronavirus. Además, varios hoteles vascos empezaron a acoger a pacientes con cuadros leves y a personal de los servicios esenciales para evitar que contagiaran a sus familiares.

El coronavirus está siendo especialmente cruel con los mayores. Se ha cebado con las residencias, lo que ha obligado a las administraciones a blindarlas. En los primeros compases de la pandemia, se restringieron las visitas, e incluso trabajadores de algunos centros se encerraron con los abuelos por seguridad, para no llevar la enfermedad desde la calle. Instituciones como la Diputación de Bizkaia optaron a finales de marzo por desplegar otros recursos asistenciales, como Birjinetxe, Unbe y la Casa del Mar de Santurtzi, en los que concentrar los casos positivos para así evitar su propagación por las 155 instalaciones de este tipo que hay en el territorio. Y es que se contabilizan al menos 157 fallecidos en las residencias vizcaínas, donde se están practicando test masivos. Ahora, los positivos superan el medio millar, pero los curados están por encima de los 900 y los centros afectados empiezan a reducirse.

En los peores momentos de la pandemia, con los positivos creciendo de forma desorbitada cada día, el Gobierno anunció una «hibernación» de toda actividad no esencial. Industria, construcción, automoción y otros sectores no esenciales pararon durante 15 días, hasta el 9 de abril, aprovechando la Semana Santa. Esas restricciones pretendían frenar el avance del patógeno, aunque el Ministerio de Trabajo no aplicó el decreto de los ERTEs, por lo que las empresas debían otorgar un permiso retribuido recuperable, de manera que los empleados devolverán esas horas.

La vuelta el día 13 de esos trabajadores afectados por el parón de la actividad fue de la mano del primer reparto masivo de mascarillas en el transporte público. El Gobierno distribuyó 10 millones de estos elementos faciales entre las comunidades autónomas, que las entregaron en metros, trenes, autobuses... Esta medida reabrió el debate sobre la obligatoriedad o no del uso de estas protecciones, unas dudas y declaraciones cruzadas sobre la idoneidad que se mantienen a día hoy. Esta semana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido que es «altamente recomendable» el empleo de mascarillas en espacios públicos. Y, la pasada, el Ejecutivo vasco planteó como obligatorio su uso en el transporte público. En cualquier caso, el incremento de su uso y las condiciones «abusivas» derivaron en que Sanidad fijara un precio máximo de 0,96 euros en el caso de las quirúrgicas.

La primera quincena de abril fue en la que se pagaron las consecuencias del alto número de contagios a mediados y finales de marzo. En esos días de Semana Santa y Pascua, se concentraron 577 de los algo más de 1.400 muertos con Covid-19 en Euskadi. La mayoría de las jornadas se superaban los 40 decesos, con el pico más alto el 16 de abril, con 54 fallecimientos.

En la sexta semana de confinamiento, a mediados de abril, se ralentizan la propagación y el ritmo de fallecimientos. Con esos datos en la mano, el Gobierno anuncia que, a partir del 26 de abril, los niños podrán salir a la calle. La decisión, sin embargo, estuvo marcada por la polémica y la indefinición. La primera intención era que pudieran acompañar a sus padres al supermercado, a la farmacia o a hacer recados, algo que ya estaba permitido en el caso de los menores que no podían quedarse solos en casa. El Ejecutivo, finalmente, decidió que, en lugar de acudir a espacios que pueden ser foco de infección, los menores de 14 años tuvieran permitido salir una hora al día, con un adulto a un kilómetro de casa.

El 28 de abril, el término desescalada comenzó a convertirse en una de las palabras más utilizadas durante la pandemia. Pedro Sánchez anunció los primeros pasos hacia la «nueva normalidad», cuatro fases que los territorios -primero provincias, ahora zonas más reducidas que plantee cada autonomía- afrontan de forma «asimétrica» y que, en el mejor de los casos, se prolongarán durante seis semanas, hasta finales de junio. La etapa 0, hasta el pasado 11 de mayo, autorizaba, por ejemplo, abrir a los comercios con cita previa. Desde el día 2, además, se permite salir a la calle a todos los ciudadanos, vayan o no a hacer un recado. En ese sentido, de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00 fueron las horas fijadas para practicar deporte -de forma individual- o pasear con una persona con la que convives. Las franjas horarias que van de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 eran las reservadas a los mayores de 70 años y personas dependientes, mientras que los menores pueden pasar una hora fuera entre las 12.00 y las 19.00.

Mantener el estado de alarma le resulta cada vez más difícil al Gobierno. La coalición que lidera Pedro Sánchez considera «necesario» extender esta situación de excepcionalidad, «el único instrumento que permite al Gobierno luchar contra el coronavirus, salvar vidas y defender la salud pública». La semana pasada, el Ejecutivo consiguió el aval a la cuarta prórroga, hasta el 24 de mayo, entre críticas de la oposición y de presidentes regionales. El apoyo de Ciudadanos y del PNV, entre otros, fue clave. Pero no gratis. Los jeltzales arrancaron a Sánchez el compromiso de que Moncloa acordará con cada autonomía aspectos determinantes de la gestión de la pandemia, como la circulación de personas o las medidas de contención. Además, el Ejecutivo central colaborará en la celebración de las elecciones vascas, que el lehendakari quiere convocar en julio. Ahora, está sobre la mesa la votación de una nueva prórroga, un estado de alarma «distinto», garantizó el líder socialista a los nacionalistas.

Euskadi avanzó hacia la fase 1, en la que estamos desde este lunes. Y lo hizo a su manera. Los gobiernos central y vasco acordaron que Lakua tuviera cierta libertad a la hora de regular la desescalada, y el Gabinete Urkullu se ha hecho un lío, cambiando de un momento a otro decisiones ya anunciadas. Como en el resto de autonomías, se pueden instalar terrazas, celebrar mercadillos, misas y velatorios y abrir negocios de menos de 400 metros cuadrados, en todos los casos con aforos reducidos. También es posible acudir a un gimnasio con cita previa a una clase individualizada. Lo que cambia en el plan vasco es que, mientras en otras comunidades los ciudadanos pueden moverse por la provincia, aquí no. Tampoco habrá espectáculos al aire libre con menos de 200 personas, ni en espacios cerrados con menos de 30, y no abrirán las bibliotecas. Además, las reuniones de hasta diez personas en domicilios quedan prohibidas, según matizó a comienzos de semana la consejera de Seguridad. Está por ver, en cualquier caso, si los escolares regresan a las aulas el lunes, como pretende el Departamento vasco de Educación.

El cierre de fronteras impuesto con el inicio del estado de alarma se mantendrá, al menos, hasta principios de julio, una vez terminada la desescalada. Solo pueden acceder al país los ciudadanos españoles, los residentes en España y los habitantes de otros estados de la Unión Europea o del espacio Schengen que vayan a su domicilio. Podrán seguir cruzando la frontera las personas que acrediten motivos de fuerza mayor, como los profesionales sanitarios o cuidadores de mayores. Además, todas las personas procedentes del extranjero tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas mientras dure el estado de alarma, según publicó el Boletín Oficial del Estado el martes.

La inmunidad de grupo, esa que se alcanza cuando el 60% de la población está protegida por un contagio previo, está muy lejos tanto en España como en Euskadi. El estudio de seroprevalencia realizado por Sanidad revela que, en el País Vasco, apenas un 4,6% de la población, unas 45.000 personas, ha pasado el coronavirus y ha desarrollado anticuerpos. A nivel nacional, los datos no son mucho más esperanzadores, ya que solo el 5% de los españoles, 2,3 millones, tendrían en la actualidad esa resistencia al patógeno.