El sindicato LAB ha denunciado este lunes «irregularidades» en las adjudicaciones de obras por parte de Osakidetza. La central, tras analizar los procedimientos de contratación de las organizaciones sanitarias vascas durante el 2022, asegura que se invirtieron 8 millones de euros en 381 «procedimientos ilegales».
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La coordinadora general, Garbiñe Aranburu, ha insistido en una comparecencia en que «se han fragmentado contratos para eludir el control público». En ese sentido, ha explicado que proyectos que deberían haber salido a licitación pública se han dividido en varios «y han sido adjudicados a dedo, de forma opaca, a empresas cercanas al PNV».
Jesús Oñate, el representante de LAB en el Servicio Vasco de Salud, ha detallado que, «si se superan las cifras establecidas en los contratos menores de obras (40.000 euros), servicios y suministros (15.000), hay que convocar un concurso público». «Fraccionando las cantidades a adjudicar, evitan sacar a concurso los trabajos. Esto tiene dos consecuencias: pueden entregar directamente el contrato a la empresa que quieran y se evita la competencia entre empresas encareciendo los contratos», ha indicado.
Este procedimiento, ha dicho, «facilita y agiliza la labor de contratación, pero es totalmente ilegal y además pone bajo sospecha la relación entre las empresas contratadas directamente y los directivos y responsables de las OSI salpicadas». En ese sentido, han puntualizado que, en algunos contratos de los que consideran fraccionados, se han adjudicado trabajos, «para el mismo deber», a distintas compañías «con idéntico propietario o sede social».
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«Tenemos, por ejemplo, en la OSI Tolosaldea, la reforma de dos ascensores con dos contratos del mismo día por un euro menos cada uno del límite y adjudicados a la misma empresa», ha expuesto. También ha señalado que, en otros casos, se ha hecho un «fraccionamiento por gremios».
De acuerdo a los datos aportados por el sindicato, es en el Hospital de Cruces donde más contratos menores (135) y por un importe más elevado (casi 3,2 millones) se suscribieron en 2022. En segundo lugar está la OSI Araba, con 60 procedimientos y 1,6 millones.
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La central no ha judicializado esta «práctica generalizada». Remitirá la información recabada al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y mantendrá el jueves «una reunión bilateral» con representantes de Osakidetza para trasladarles la documentación.
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