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TERRY BASTERRA
Domingo, 5 de enero 2020, 23:15
La industria farmacéutica tiene claro que con esta decisión que estudia aplicar el Ministerio de Sanidad los que saldrán perdiendo son los pacientes. Advierte que, «si finalmente se adopta la decisión de desfinanciarlos» la parte del precio que ahora sufraga la sanidad pública deberá « ... ser asumida» por los consumidores. Farmaindustria, la asociación que agrupa a estas empresas en España, insiste en que «la artrosis es una enfermedad crónica que requiere tratamientos farmacológicos seguros. Los antiinflamatorios -la alternativa prevista- solo pueden ser utilizados para casos puntuales, dado su perfil de seguridad cuestionable a largo plazo».
Además, sostienen las compañías que retirar la cobertura pública a los Sysadoas -algunas fuentes hablan de que tienen un coste de 36 millones de euros al año para el Sistema Nacional de Salud- conllevará a la larga «un crecimiento de otras alternativas más costosas y complejas como las infiltraciones intraarticulares o las prótesis de cadera». Reiteran que los condroprotectores «están legalmente comercializados en España como medicamentos que son y no se ha producido ningún hecho remarcable que haga pensar en que la relación beneficio-riesgo se haya modificado». Por eso consideran que «las indicaciones terapéuticas aprobadas seguirán siendo las mismas, manteniendo su eficacia y seguridad». «Su prescripción no ha sido limitada, de manera que todos los médicos que los recetaban podrán seguir haciéndolo puesto que las condiciones para recetarlo y dispensarlo no han sido modificadas».
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