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A las 11.05 horas de ayer en el aeropuerto de Bilbao había más policías y guardias de seguridad que pasajeros. Dos turistas francesas e Irina, una joven valenciana que había venido a Bizkaia por motivos de trabajo, eran las únicas personas en tránsito en ... una terminal que operó durante toda la jornada sólo ocho vuelos de salida (5 de ellos a Madrid). Las tres mujeres se dirigían a Mallorca y su avión tenía el despegue previsto para las doce y cuarto. Nadie subió a bordo sin pasar antes por dos férreos controles de movilidad. El primero, el que había establecido una pareja de la Ertzaintza en el mismo acceso al mostrador donde se facturan las maletas. El segundo, tras pasar el filtro, a cargo de la Guardia Civil. Imposible franquear estas barreras sin una causa justificada (salvo que tengas pasaporte galo).
La supervisión y vigilancia policial es una constante en Loiu. «Es altamente improbable que alguien embarque sin que antes algún agente le solicite la documentación y el motivo del viaje», explicaba una trabajadora de 'La Paloma'. Esta afirmación contrasta con las declaraciones del portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, a propósito del controvertido desplazamiento de los familiares de los jugadores del Athletic a Sevilla, con motivo de la final de la Copa ante el Barcelona. El consejero aseguraba que al Ejecutivo autonómico «no le consta que hayan salido de aquí. No han pasado ningún control de la Ertzaintza para desplazarse a donde hayan ido».
Varias personas que formaron parte de la expedición rojiblanca aseguraron el martes que ningún agente autonómico les pidió la documentación. Sólo la mostraron para pasar el habitual arco de metales relacionado con la seguridad aérea (en el mismo se trata de verificar que el pasajero no porta ningún objeto peligroso y que accede con tarjeta de embarque).
Ayer, desde luego, la Ertzaintza estaba ojo avizor. También la Guardia Civil. Nadie del vuelo a Mallorca pudo evadirse de su vigilancia. Los patrulleros están de forma permanente en la terminal. De hecho, la escasez de aterrizajes y despegues (ayer había 16 operaciones en comparación con las 120 que solían darse en un día normal antes de la pandemia) hace que el trabajo de los policías se haya reducido de una manera drástica. Sin robos ni posibles altercados de orden público, la función de los agentes autonómicos se limita prácticamente a controlar que se cumplan las normas sanitarias contra el covid.
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De hecho, una de sus tareas principales es no permitir el acceso a la terminal de personas que carezcan de un billete de avión. Hace tiempo que los besos y las despedidas de los pasajeros para con sus familiares tienen lugar en el exterior del edificio diseñado por Santiago Calatrava. Una vez dentro, con sólo una cafetería abierta en el lado público del aeródromo, es imposible pasar desapercibido para las fuerzas de seguridad ya que la presencia de usuarios, sobre todo después de primera hora, es insignificante. El mes pasado, por ejemplo, pasaron por la zona de Salidas una media de 800 personas diarias, lo que hace que por cada hora transiten unas 50.
Las órdenes que tienen los ertzainas es supervisar, sobre todo, los vuelos nacionales y, en especial, los que se dirigen a destinos de sol y playa, como el de ayer de Mallorca o Canarias. «El 99% de la gente viene con causa justificada. No detectamos casi ningún incumplimiento». En la mañana de ayer, por ejemplo, no se levantó ninguna infracción.
Por su parte, la Guardia Civil, que realiza el segundo barrido después de que los usuarios hayan dejado atrás la zona que controla la Ertzaintza, recuerda que intensifica sus inspecciones anticovid en épocas con más movimiento: viernes, festivos y periodos vacacionales, pero que «cualquier día» te puedes topar con un control rutinario. «Ahora estamos realizando una denuncia al día de media. La normativa se cumple salvo contadas excepciones», asegura una portavoz del Cuerpo. Una de las novedades es que, al contrario que en verano, a los viajeros que son multados las fuerzas de seguridad les están permitiendo abordar los aviones (el castigo varía entre 600 y 3.000 euros, en función de qué administración la tramite). «Antes se les mandaba para casa. Ahora se les deja subir, pero despegan con la propuesta de sanción», añade la Guardia Civil.
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