Igualdad endurecerá la objeción médica para asegurar abortos en centros públicos

Irene Montero desveló el propósito central de la nueva norma. Que cualquier mujer mayor de 16 años sea la única que decida qué hace con su cuerpo y su embarazo y que, si opta por el aborto, tenga garantizado poder ejercerlo en la sanidad pública, cerca de donde reside y eligiendo el método más apropiado.

Para cumplir con la segunda parte de su pretensión, la que garantiza la libertad y equidad en el ejercicio del derecho, la ministra dijo que la norma regulará de forma más estricta la objeción de conciencia del personal sanitario. Considera que esta práctica se ha desnaturalizado hasta el punto de que hay mujeres que tienen que hacer cientos de kilómetros en su propio país porque donde viven no hay un solo centro que practique interrupciones legales del embarazo. «El derecho de los médicos no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Regularemos para que todas puedan ejercer su derecho cerca de su casa, en hospitales públicos y eligiendo método».

Con la ley vigente, la objeción de conciencia la pueden ejercer todos los profesionales sanitarios de áreas directamente implicadas en la realización de una interrupción del embarazo, pero deben hacerlo por escrito y de forma anticipada. La realidad es que en España solo el 9% de los casi 100.000 abortos que se realizan cada año se llevan a cabo en hospitales públicos. El grueso se hace en clínicas privadas concertadas. En muchos territorios la objeción afecta a la totalidad de los centros oficiales y en nueve provincias, sin sumar Ceuta ni Melilla, nunca se ha realizado un aborto desde que Felipe González lo despenalizó en 1985.

Todas las vecinas de las dos ciudades autónomas africanas tienen que desplazarse a la península para interrumpir el embarazo y las residentes en Palencia, Ávila, Segovia, Zamora y Soria (Castilla y León), Cuenca y Toledo (Castilla-La Mancha), Teruel (Aragón) y Cáceres (Extremadura) tienen que hacer decenas o cientos de kilómetros -y pagar los gastos de desplazamiento de su bolsillo- para abortar, pues en sus provincias no les da el servicio ni la sanidad pública ni la privada. El problema es incluso mayor, pues en otras provincias, como Burgos, solo practican una parte de las interrupciones y derivan el resto a otros territorios.

La segunda medida para acercar el derecho al punto de residencia y a la libre elección de la mujer será la regulación y el impulso del aborto farmacológico, el que no requiere intervención quirúrgica. Un método totalmente infrautilizado en España (el 85% son operaciones), que, por su sencillez, permitiría extender el servicio fuera de los hospitales, a la atención ambulatoria.

La norma incluirá otras dos medidas que traerán polémica asegurada. Se devolverá la regulación a como quedó en 2010, con la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. Revertirán la reforma que el PP hizo en solitario en 2015 y las embarazadas de 16 y 17 años ya no precisarán de permiso paterno para poder abortar. Además, se suprimirá el período de reflexión de tres días. El tiempo que por ley deben esperar antes ratificar su intención de abortar. «La decisión de las mujeres no necesita tutela de nadie», justificó la ministra.

La futura regulación acabará con la presencia de organizaciones «provida» en las inmediaciones de clínicas abortivas. Lo que Irene Montero tildó de «hostigamiento» a las embarazadas y a los profesionales de los centros. Habló de la necesidad de que las cercanías de estas clínicas sean «lugares seguros» y de penalizar «el acoso» como ya han hecho otros países como Francia.

La norma incluirá «un blindaje» para que los niños y adolescentes reciban educación afectivo-sexual en las escuelas -«hay que frenar a la extrema derecha»- y medidas que acerquen a todos las principales alternativas y medios de anticoncepción. Potenciará, añadió, que estos medios y métodos pivoten también sobre los hombres. «No como ahora, que recaen en las mujeres».