El Gobierno Urkullu apuesta por obligar a vacunarse en su futura Ley de Salud

El Gabinete de Iñigo Urkullu había rehuido hasta ahora la discusión pública extendida en Euskadi desde la pasada semana, cuando el diputado general de Álava, Ramiro González, abrió la veda al reclamar amparo legal para vetar a trabajadores de residencias de mayores sin vacunar. Incluso este jueves, cuando el anteproyecto en cuestión ya había visto la luz, el portavoz gubernamental, Bingen Zupiria, contestó que «no merece la pena entrar en esa polémica» cuando «no hay un marco legal» que faculte la inmunización forzosa.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo está oficialmente recogida por escrito al menos desde el 2 de agosto, cuando la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, dio la orden para la aprobación previa del anteproyecto. Era un paso necesario para someterlo a información pública, un plazo que ha empezado esta semana con su difusión en la página web y durará lo que resta de mes, según adelantó la Ser. El Consejo de Gobierno prevé sacar adelante el texto antes de fin de año y remitirlo al Parlamento para su tramitación, con lo que su aprobación definitiva se demorará hasta 2022.

La Cámara autonómica ya dio luz verde en junio a una ley de medidas contra la Covid-19, pero con la norma de Salud Pública, incluida en el programa de gobierno acordado hace ahora un año, el bipartito PNV-PSE busca una herramienta legal mucho más amplia, aplicable en casi cualquier escenario sanitario. Es en el más extremo donde el articulado recoge esa posibilidad de la vacunación obligatoria. En concreto, lo hace en el precepto que enumera las «medidas de intervención sobre las personas» aplicables por la autoridad sanitaria. Ahí se habla también de restricciones de movilidad, aislamiento domiciliario y práctica de exámenes médicos durante «el tiempo necesario para la desaparición del riesgo».

Todas esas medidas, en cualquier caso, se deberían adoptar «conforme a la normativa vigente y a las garantías establecidas por ésta». El obstáculo está en que la legislación nacional ordinaria no prevé algo así. Diversos juristas han apuntado hacia la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que permite a la autoridad sanitaria adoptar las medidas que «se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». En cambio, la jurisprudencia durante este año y medio de pandemia ha rebajado su campo de actuación. El Gobierno central prometió reformar la norma para aportar más seguridad jurídica, pero no lo ha cumplido.

Lo que sí ha hecho Pedro Sánchez es parar los pies a quien haya tratado de fijar por ley la inmunización forzosa. Lo intentó Galicia con una reforma de su legislación sanitaria que acabó en el Tribunal Constitucional. Finalmente el Gabinete de Alberto Núñez Feijóo desistió a cambio de que el Ejecutivo central retirara su recurso. Aun así, la corte de garantías se pronunció de forma inequívoca. No se puede obligar a vacunar porque supondría «una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano.