El Gobierno vasco controlará a partir de ahora la gestión de la crisis en las residencias

La necesidad de establecer un mecanismo que coordine lo que se llama el espacio sociosanitario, un entorno gestionado por los servicios sociales, que dependen de las tres diputaciones, y que en consecuencia queda fuera del ámbito sanitario que lidera el Ejecutivo vasco, viene de lejos. Desde hace décadas, asociaciones de pacientes y colectivos de mayores vienen reclamándolo reiterada y cíclicamente, sin que nunca, ningún Gobierno, lo haya resuelto.

En todos estos años, ha habido intentos por poner en marcha algún mecanismo de coordinación, que nunca ha llegado a cristalizar y que, cuando se ha intentado, tampoco ha alcanzado los objetivos que se marcaba. «En realidad, no ha habido ningún intento serio. Es el problema que tenemos en Euskadi por haber puesto lo social en manos de las diputaciones y lo sanitario en el Gobierno vasco. Cada uno se ocupa de su parcela y, al final, el uno por el otro, la casa sin barrer», destaca un especialista en la atención a pacientes frágiles de la red de Osakidetza en Bizkaia.

La epidemia de coronavirus ha puesto de manifiesto el alcance de esta necesidad. No son sólo las cifras referidas al número global de casos, sino también las de las víctimas mortales, que son las que de verdad preocupan. El coronavirus de Wuhan se ha llevado hasta el momento la vida de 2.003 vascos, de los que al menos 724 (reconocidos oficialmente) eran mayores al cuidado de una institución, pública o privada.

Ese es el dato. Es decir, el 36% de las víctimas mortales vivían en un entorno que ha acabado por convertirse en la mayor amenaza para su vida. Las residencias de mayores, ante una enfermedad que se ceba especialmente con las personas más longevas, no han resultado ser hasta el momento un lugar seguro para el colectivo, más bien al contrario.

El porcentaje de fallecidos -ese 36% sobre el global de víctimas mortales- resulta aún mayor cuando la cifra de muertos en residencias se compara con el total de finados de mayor edad. Los institucionalizados que han caído a causa de la pandemia suponen el 40% de los mayores de 70 años (1.791 en total) y hasta el 50% de los 1.433 muertos que ha habido entre los mayores de 80.

En defensa de las instituciones que se ocupan de la gestión de la crisis, fundamentalmente el Gobierno vasco, pero en este caso también las diputaciones forales, podría decirse que resulta lógico que una pandemia se ensañe con las personas más débiles; y que los mayores institucionalizados lo están, porque además de la edad, generalmente tienen varias enfermedades al mismo tiempo.

Sin embargo, profesionales sanitarios, sindicatos, colectivos de mayores, de familiares y grupos políticos en Euskadi han coincidido en criticar en los últimos meses que la falta de organización y sintonía interinstitucional han favorecido, en buena medida, que el virus cruzara el umbral de las residencias con mayor facilidad de la que hubiera debido. El primero en advertir de lo que se venía encima fue el descabezado Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergente, que en su primer informe del mes de febrero, al menos quince días antes del confinamiento, advirtió, entre otras cuestiones, de la necesidad de un mejor control sanitario de los mayores alojados en residencias.

«No se comenzó a actuar hasta abril, cuando la pandemia se encontraba ya en su peor momento», comentaba ayer otro clínico alavés de Osakidetza. La primera oleada se llevó la vida de 292 abuelos en Bizkaia, 140 en Álava y 168 en Gipuzkoa. La situación en la segunda ola apenas es algo mejor. Otros 72 residentes muertos en Bizkaia, 32 en Gipuzkoa y 20 en territorio alavés.

La falta de coordinación, con un Gobierno y tres diputaciones que ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre la manera de informar sobre el azote mortal de la epidemia en los centros de mayores, ha hecho el resto. En la primera oleada de coronavirus, el Departamento de Salud lo hacía cada día, la Diputación de Gipuzkoa, también a diario; Álava, semanalmente; Bizkaia, en cambio, cada quince días o a una vez al mes. Con la gestión de los centros, que es lo fundamental, ha sucedido otro tanto. Un territorio abría las puertas a las visitas, el otro no, luego las permitía Bizkaia, pero las cerraba Álava ...

Dos acontecimientos recientes reflejan el desorden institucional. La semana pasada, los grupos de oposición en las Juntas Generales de Bizkaia coincidieron en que la crisis ha dejado al descubierto las «limitaciones» de las residencias». PNV y PSE, que sustentan el Gobierno foral, se sumaron y aceptaron ahora la conveniencia de aumentar las inspecciones en residencias. El debate se repitió cuatro días después en el Parlamento vasco. Las familias de los alojados, organizadas en torno a asociaciones como Babestu, también han expresado su malestar con la situación. La nueva Dirección tendrá que ocuparse de ello.