Galicia abre la puerta a multar con hasta 3.000 euros a los que se nieguen a ser vacunados

De esta forma, la reforma de ley de salud firmado por los 42 diputados del PPdeG, que saldrá adelante dada su mayoría absoluta en la Cámara autonómica, se adapta a las necesidades actuales para luchar contra la pandemia del coronavirus. De esta forma, establece y delimita las actuaciones que puede tomar la administración autonómica contra una pandemia en función de la situación epidemiológica de cada momento, regula los requisitos para poder hacerlo y establece las sanciones cuando se incumplan estas medidas.

Precisamente, en el capítulo coercitivo es donde se encuentran las mayores novedades. La reforma legal establece tres tipos de multas según sea la infracción: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros). Una persona podría ser multada con mayor severidad si es reincidente o si produce un importante daño en la salud pública. De esta forma, si alguien se salta el confinamiento de forma repetida, podría ser castigado con hasta 60.000 euros. Asimismo, la multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de que esa cifra vaya en aumento si es reincidente.

También, y como principal novedad, la nueva normativa contempla multas, de entre 1.000 y 3.000 euros, por negarse a vacunarse, en previsión de la esperada llegada de los antivirales, e incluso por no hacerse una prueba PCR. En este último aspecto, los populares pidieron que el rechazo a la vacunación sea contemplada en las leyes estatales para blindarse de cara a futuras sentencias judiciales en contra de esta normativa.

También serán castigados con multas leves los que hagan botellón, se salten los toque de queda, reuniones con más personas de las permitidas, los hosteleros que no respeten la distancia de seguridad entre mesas en terrazas o los que participen en fiestas con más personas de las permitidas. Se considerarán graves cuando se produzcan daños importantes para la salud pública. En estos casos, además de sanciones económicas, podrían incluir el cierre de locales por hasta cinco años. Según recoge la proposición, las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.

El texto, que no tendrá efecto retroactivo, fue presentado por el portavoz del grupo popular, Pedro Puy, que mostró su «decepción» por el hecho de que esta reforma no se haya aprobado para toda España, una vez que el Congreso rechazó la propuesta del PP hecha esta misma semana. «Prefirieron seguir por la vía del estado alarma, que es poco práctica, ya que al poco de renovar por seis meses este mecanismo varios presidentes autonómicos ya pidieron modificarlo para tomar medidas que no estaban contempladas», como los confinamientos, destacó el representante popular.