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El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la ley de Salud Pública con los votos de los partidos que sustentan el Gobierno, PNV y PSE (y la abstención del único parlamentario de Cs). El resto de la Cámara se ha posicionado en contra de un ... texto que viene a actualizar la anterior norma, que data de 1997. Desde entonces, el concepto de salud pública «ha cambiado notablemente», tal y como ha señalado la consejera del ramo, Gotzone Sagardui, por lo que la aprobación de la norma es «un paso importante» para que el Gobierno aporte una perspectiva sanitaria «a todas sus actuaciones».
La ley, entre otros aspectos, crea nuevas figuras como el Instituto Vasco de Salud Pública y dos nuevos órganos: la comisión interinstitucional de salud pública y el consejo vasco de salud pública, que tendrá un carácter asesor y consultivo. También permitirá a Osakidetza contratar a médicos especialistas y profesionales de la enfermería con nacionalidad extracomunitaria, siempre que tengan su titulación homologada. Hasta ahora, estos profesionales sólo podían acceder al sector privado.
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La medida no pondrá por sí sola fin a los problemas de falta de facultativos que existen en algunas áreas concretas de la sanidad vasca, pero sí puede mitigar esta carencia. La nueva normativa puede dar además oxígeno a Osakidetza a la hora de intentar cubrir con personal extracomunitario esas plazas que quedan vacantes durante los periodos vacacionales o las bajas de larga duración. También podrá ser una herramienta a la que poder agarrarse para reducir la sangría que provocarán las jubilaciones.
El documento sólo ha contado con el voto favorable de jeltzales y socialistas. Por parte del socio minoritario del Gobierno, Ekain Rico ha incidido en que contribuirá a «reducir las desigualdades en salud de nuestra ciudadanía».
La oposición en bloque ha votado en contra. Rebeka Ubera (EH Bildu) ha criticado que la ley «no pone los cuidados como determinante» y que «sólo entiende la salud como la prestación de unos servicios», pese a que «la salud pública es más que Osakidetza». También ha censurado la «falta de aterrizaje» de los compromisos para las instituciones.
Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha lamentado que la ley «se ha quedado corta» ya que, a su juicio, no aborda las desigualdades «socioeconómicas, de género y sociales» que provocan ,a su vez, desigualdades en la salud de las personas. Laura Garrido (PP) ha criticado que se ha «desaprovechado» una oportunidad para «fortalecer» Osakidetza o que se cuente «con los profesionales y con su criterio a la hora de tomar muchas decisiones en materia sanitaria». Amaia Martínez (Vox), ha censurado que «la salud de los habitantes no es una prioridad» de la nueva ley y que la norma «no va a contribuir a mejorar la salud de las personas».
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