La empresa que presta el servicio de ambulancias en Bizkaia y Álava prepara su marcha de Euskadi

A última hora de este lunes La Pau envió un escueto comunicado en el que decía que no se planteaba su marcha, aunque varias fuentes del sector garantizaban lo contrario. Los sindicatos también dan por hecha su salida. La consejería, por su parte, asegura que «por el momento» la empresa no les ha comunicado su decisión de marcharse de Euskadi.

Las fuentes consultadas indican que la cooperativa sopesa esta decisión ante la imposibilidad de reconducir la conflictividad laboral existente en el sector. La parte empresarial y la sindical están totalmente enfrentadas. Cada una de ellas cuenta con argumentos de peso para defender su postura. Hasta el punto de que la situación se ha vuelto insostenible y sin visos de solución. La multa de cerca de un millón de euros que impuso este verano Salud a La Pau por deficiencias en el servicio es otra cuestión que influye en la cooperativa a la hora de decidir marcharse de Euskadi.

El Gobierno vasco deberá ahora buscar una compañía que asuma el transporte sanitario urgente y el programado en Bizkaia y Álava. Esta empresa se responsabilizará de la plantilla de La Pau en estos dos territorios, que será subrogada. Lo que sí deberá aportar son los medios materiales. La cooperativa catalana cuenta con 350 ambulancias de su propiedad que dan servicio a Osakidetza. Según ha podido saber EL CORREO, el proceso de marcha de la compañía será «negociado», por lo que una de las opciones a estudiar es si la futura empresa adquirirá esta flota a La Pau o llegará con sus propios vehículos. También se debe aclarar quién se hace cargo de la deuda existente con la plantilla, como consecuencia de la paga extra de verano no abonada: si la empresa saliente, la entrante, el Gobierno vasco o se repartirán el pago.

La conflictividad entre La Pau, los sindicatos y la plantilla de las ambulancias en Euskadi se remonta varios años, aunque explotó en octubre de 2023. Por un lado los trabajadores han tenido que soportar retrasos en el pago de algunas nóminas, han visto cómo en los pasados meses la empresa les pagaba por debajo de convenio y aún tienen pendiente el abono del 75% de la paga extra de verano. Por otro lado, La Pau ha soportado en el último año huelgas oficiales y encubiertas, sabotajes en decenas de vehículos y unos elevados niveles de absentismo laboral, que ronda el 33%. Hechos todos ellos que han afectado al servicio, provocando retrasos de hasta diez horas en algunas ambulancias o, incluso, obligando a que algunos vehículos no estuviesen operativos por falta de personal.

El sector de las ambulancias en Euskadi se divide en tres grandes bloques. Las UVIs móviles y el helicóptero forman parte directamente de Osakidetza, a través de la organización Emergencias. Pero tanto el servicio de transporte sanitario urgente como el transporte sanitario no urgente (programado) se contrata a expresas externas. El Departamento de Salud tiene adjudicados estos dos contratos en Gipuzkoa a Ambulancias Gipuzkoa, mientras que La Pau lo presta todavía en Bizkaia y Álava.

El Gobierno vasco destina a este servicio importes millonarios. El urgente fue adjudicado en 2023 por 147 millones por tres años para los tres territorios, mientras que el programado -las ambulancias que trasladan a pacientes a los que se les ha dado el alta o tienen sesiones de diálisis o fisioterapia- está dotado con 135 millones. La adjudicación de este último contrato se vio afectada por una paralización, que acabó teniendo una incidencia directa tanto sobre los trabajadores como en el servicio.

UGT presentó un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) contra aquella adjudicación. Pedía la suspensión del contrato por faltas muy graves. Se refería al retraso en el pago de las nóminas. Este organismo del Ejecutivo autónomo estimó parcialmente aquel recurso, aunque dejó a Salud la puerta abierta para que adjudicase el contrato a esta misma empresa, tal y como hizo Osakidetza el pasado julio. Este último acuerdo está también denunciado por USO ante el OARC por impagos.

empresa de ambulancias Grup La Pau prepara su marcha de Euskadi por la conflictividad. Los sindicatos dan por hecha su salida, mientras la compañía sostiene que aún no ha tomado la decisión de dejar de prestar sus servicios en Bizkaia y Álava y de renunciar a los millonarios contratos que tiene firmados con Osakidetza. Según han indicado fuentes acreditadas del sector a este diario, la empresa le ha trasladado ya al Gobierno vasco «su voluntad de poner fin a su actividad» en el País Vasco. También se lo ha comunicado en los últimos días a sus cooperativistas, tanto en Cataluña como en Euskadi. La intención de la empresa es realizar una marcha «ordenada»; esto es que no dejará de prestar el servicio de transporte sanitario en el País Vasco hasta que el Departamento de Salud encuentre otra compañía que realice esta función. Desde la consejería, por su parte, aseguran que la empresa no les ha comunicado su decisión de marcharse de Euskadi, al menos «por el momento».

Las fuentes consultadas indican que La Pau sopesa tomar esta decisión ante la imposibilidad de reconducir la conflictividad social y laboral que mantenía con la plantilla. Las dos partes están totalmente enfrentadas. Cada una de ellas cuenta con argumentos de peso para defender su postura. Hasta el punto de que la situación se ha vuelto insostenible y sin visos de solución.

El Gobierno vasco, si finalmente se cumple la salida de La Pau, debería buscar una compañía que asuma el transporte sanitario urgente y el programado en Bizkaia y Álava. Esta empresa asumiría a la plantilla de La Pau en estos dos territorios, que será subrogada. Lo que sí debería aportar son los medios materiales. La cooperativa catalana cuenta con 350 ambulancias de su propiedad que dan servicio a Osakidetza. Según ha podido saber este diario el proceso de marcha de la compañía sería «negociado», por lo que una de las opciones a estudiar es si la futura empresa adquiriría esta flota a La Pau o llegaría con sus propios vehículos.

La conflictividad entre La Pau y la plantilla de las ambulancias en Euskadi se remonta varios años, aunque explotó en octubre de 2023. Por un lado los trabajadores han tenido que soportar retrasos en el pago de algunas nóminas, han visto como en los pasados meses la empresa les pagaba por debajo de convenio y aún tienen pendiente el abono del 75% de la paga extra de verano. Por otro lado, la empresa ha soportado en el último año huelgas, tanto oficiales como encubiertas, sabotajes y unos elevados niveles de absentismo laboral que ronda el 33%. Hechos todos ellos que han afectado al servicio, provocando retrasos de hasta diez horas en algunas ambulancias o, incluso, obligando a que algunos vehículos no estuviesen operativos por falta de personal.

El sector de las ambulancias en Euskadi se divide en tres grandes bloques. Las UVIs móviles y el helicóptero forman parte directamente de Osakidetza, a través de la organización Emergencias. Pero tanto el servicio de transporte sanitario urgente como el transporte sanitario no urgente (programado) se contrata a empresas externas. El Departamento de Salud tiene adjudicados estos dos contratos en Gipuzkoa a Ambulancias Gipuzkoa, mientras que La Pau lo presta todavía en Bizkaia y Álava.

El Gobierno vasco destina a este servicio importes millonarios. El urgente fue adjudicado en enero de 2023 por 147 millones por un plazo de tres años para los tres territorios, mientras que el programado -las ambulancias que trasladan a pacientes a los que se les ha dado el alta o tienen sesiones de diálisis o fisioterapia- está dotado con 135. La adjudicación de este último contrato se vio afectado por una paralización, que acabó teniendo una incidencia directa tanto sobre los trabajadores como en el servicio.

UGT presentó un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) contra aquella adjudicación. Pedía la suspensión del contrato por faltas muy graves. Se refería al retraso en el pago de las nóminas. Este organismo, dependiente del área de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, estimó parcialmente aquel recurso, aunque dejó al Gobierno vasco la puerta abierta para que adjudicase el contrato a esta misma empresa, tal y como hizo Salud el pasado julio. Este último acuerdo está denunciado ante el OARC por los sindicatos USO y UGT.