Las diputaciones evaluarán la calidad de la atención en las residencias

Entre los aspectos que valora examinar están el número de horas trabajadas por el personal, la utilización de instrumentos para el estado nutricional, el dolor y el riesgo de úlceras o de caídas, la situación anímica de los usuarios, su calidad de vida o la elaboración de la historia de vida de las personas. En el caso de Bizkaia, aunque fuentes del área de Acción Social aseguraron que esta evaluación está ya en marcha, evitaron ayer entrar en los detalles que analiza y se remitieron a las cuestiones de control recogidas en los decretos de 2019 y 2021 emitidos por el Gobierno vasco y la Diputación de este territorio.

Las residencias de mayores centraron ayer uno de los puntos que abordó el Parlamento vasco. EH Bildu presentó una moción en relación a las cláusulas abusivas en geriátricos y viviendas comunitarias privadas para personas mayores, que no contó con el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno vasco. Varios centros privados han comunicado en los últimos meses subidas mensuales de hasta 300 euros para hacer frente a la inflación.

La soberanista Nerea Kortajarena destacó que algunas de estas cláusulas obligan a las familias de los usuarios a asumir un incremento en la tarifa en caso de que se apruebe un nuevo convenio colectivo, se considere que esa plaza tiene un mayor coste por la situación sanitaria del anciano o prevea cobrar la totalidad de la cuota en aquellos casos en los que el residente haya fallecido a mediados de mes. «Es responsabilidad del Gobierno inspeccionar todos esos contratos y comprobar si ese tipo de cláusulas son legalmente admisibles. Al negarse a que eso se haga así, PNV y PSE están dejando a todas esas familias en el desamparo más absoluto», criticó la representante de EH Bildu.

PNV y PSE dijeron compartir algunos aspectos que planteaba la formación soberanista. «Hay que reforzar la vigilancia. Estamos de acuerdo en corregir la vulneración de derechos y las cláusulas abusivas», manifestó la jeltzale Eva Juez. La socialista Gloria Sánchez recalcó que, aunque en las residencias «la competencia corresponde fundamentalmente a las diputaciones», las cláusulas abusivas «son nulas de pleno derecho» y existen «mecanismos» para denunciarlas.

Pero el punto acabó derivando en un debate sobre el modelo actual de residencias en Euskadi y el sistema de financiación, a través de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS), por el que la Administración concede ayudas a las familias para costear parte de la tarifa en una residencia privada, al no haber suficientes centros públicos. Y las posiciones en esta cuestión entre Gobierno y PP, por un lado, y Bildu y Podemos, por otro, están alejadas.

Para Gustavo Angulo, de Podemos, las PEVS son como un «cheque» que «trata de sustituir un derecho subjetivo por un talón, y de esa manera legitimar el proceso privatizador, porque así se cubre la demanda existente». Angulo y Kortajarena recurrieron al mismo ejemplo para explicar lo que, en su opinión, son estas prestaciones. «Es como si fuéramos a Osakidetza, nos dijeran que no tenemos espacio y nos dieran un cheque para ir a un centro privado para pagar el tratamiento».

Las dos formaciones insistieron en la necesidad de crear más plazas públicas, mientras que los partidos que sustentan al Gobierno y el PP defendieron el modelo actual de colaboración público-privada para esta prestación.