La Diputación alavesa lleva a la Fiscalía a una residencia por atar a una anciana

Abre un expediente que puede acarrear multas de más de 600.000 euros al centro, situado en Arróyabe, y que sus gestores quieren cerrar

Saioa Echeazarra

Domingo, 17 de enero 2021, 02:36

Un centro residencial privado de personas mayores ubicado en el pueblo de Arróyabe, a diez kilómetros de la capital alavesa, podría enfrentarse a multas de ... más de 600.000 euros por parte de la Diputación alavesa por atar sin consentimiento a una residente e incumplir los protocolos frente al coronavirus. Se trata de la vivienda comunitaria San Francisco Javier, una pequeña instalación con alrededor de una decena de usuarios que sufrió un brote de Covid el pasado otoño donde fallecieron dos residentes. La institución foral, que detectó las irregularidades en diversas inspecciones, ha remitido a la Fiscalía de Álava la información sobre este caso, según trasladaron ayer fuentes forales a EL CORREO, y mantiene abierto un expediente administrativo sancionador al centro.

Si durante su instrucción los inspectores tienen sospecha de delito, «interpondrían una denuncia formal», agregaron. Por ahora, la Fiscalía «está informada de las circunstancias que han concurrido, y tiene en su poder copias de las actas de inspección». Se enmarca, tal y como precisaron, en el envío de información a la Fiscalía que efectúan «semanalmente» sobre la situación de las residencias. Por su parte, fuentes del órgano que en Álava dirige Iosu Izaguirre apuntaron que están a la espera de recibir dicha documentación foral. Respecto al expediente abierto por la Diputación, ahora está en periodo de alegaciones. La residencia podrá presentar documentación, y cuando transcurra, el ente foral «resolverá si impone sanciones».

Esta residencia es un centro de tipo vivienda comunitaria -una categoría que permite acoger a un máximo de 14 residentes- y está situada en la zona de Arrazua-Ubarrundia, en las inmediaciones del embalse de Ullíbarri-Gamboa. Se enfrenta a multas que pueden llegar a alcanzar los 660.000 euros: 600.000 por atar a una usuaria sin autorización -infracción calificada como muy grave- y otros 60.000, falta grave, por no cumplir protocolos contra el coronavirus. Los responsables del centro, que gestiona la firma Antzina, perteneciente al grupo Aneim ATE, comunicaron el viernes al servicio de inspección de la Diputación su intención de cerrar, según fuentes forales. La Diputación replicó que no pueden hacerlo sin haber informado a las familias y sin haber realojado a todos los usuarios. Este periódico se puso ayer en contacto con Antzina, desde donde se abstuvieron de hacer valoraciones.

Las infracciones se detectaron en noviembre, cuando el centro sufrió un brote de Covid que afectó a 9 de los 12 usuarios y en el que fallecieron dos mayores, según los datos de Diputación. La primera inspección foral fue el día 11 de ese mes, cuando hallaron al menos 32 irregularidades del protocolo, siendo la más grave haber atado a una residente.