La crisis del covid dispara un 50% el número de vascos con necesidades materiales severas

El documento, de 681 páginas, ha sido elaborado a partir de 7.000 entrevistas personales elaboradas a lo largo del último cuatrimestre de 2020. De ellas, 600 se han desarrollado en el País Vasco. Uno de los datos que más llama la atención en nuestra comunidad autónoma es cómo el porcentaje de habitantes que pasan necesidades materiales severas ha pasado del 3,4% de 2018 al 5% actual. Es decir, se ha experimentado un avance de casi el 50%. Este concepto mide el grado de bienestar a partir del consumo de bienes que se consideran básicos.

En concreto se estima que una familia pasa apuros cuando contesta afirmativamente a cuatro de estas situaciones: haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses (1); no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada (2); no poder ir de vacaciones al menos una semana al año (3); no puede una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (4); no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (5); no disponer de teléfono (6); no poder pagar un televisor en color (7); no poder disponer de una lavadora (8); y no poder usar un automóvil (9).

Además de estas penalidades, el informe de Cáritas estima que ha crecido un 12% el número de vascos que recurre a amigos o familiares solicitando ayuda para comer o adquirir ropa u otros bienes básicos. En concreto, se ha pasado de un 5,8% de la población a un 6,5%. Y también aumenta el porcentaje de vascos que acude a entidades benéficas por estos mismos motivos, pasando del 0,6% al 0,8%.

Pese a este contexto «excepcionalmente duro» que ha dejado la crisis provocada por el virus, el estudio de Cáritas apunta algunos datos positivos en el País Vasco. El primero tiene que ver con el porcentaje de personas que están en riesgo de exclusión social. Si bien es cierto que las necesidades materiales severas se agudizan, también es verdad que el porcentaje de población que se asoma a la pobreza ha bajado del 13,8% al 13,6%. Relacionado con el anterior dato, esto quiere decir que hay menos personas vulnerables pero que las que se encuentran en esa situación se hallan peor que antes.

El estudio destaca que el sector público en toda España y, en especial en Navarra y Euskadi, ha actuado como red de seguridad, impidiendo que muchos de sus ciudadanos caigan en la marginalidad por culpa de la ola de desempleo e inactividad económica que ha generado el covid. En este sentido destacan la RGI y otros subsidios, que han hecho que en el País Vasco se haya reducido, incluso, el número de personas sin ninguna renta (-0,1%).

Por otro lado, el informe pone el acento en el alto riesgo de exclusión social de los jóvenes españoles. Casi el 30% de ellos (2,7 millones) se asoma a este drama. En concreto, 650.000 jóvenes se sumaron a esta situación el pasado año. De ellos, la mayoría está, además, en exclusión «severa».